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Información General |La lentitud de los juicios
Dos décadas en espera de Justicia y una falencia que no se termina de resolver

Un fallo civil alcanzado tras veintiún años de proceso vuelve a poner en evidencia un problema que atenta contra la esencia misma del sistema judicial

Dos décadas en espera de Justicia y una falencia que no se termina de resolver

El exceso de procemientos por escrito, que en nuestro país ha dado lugar a toda una cultura del expediente y el folio, constituiría a criterio de algunos una de las principales causas de la lentitud con que se mueve el sistema judicial.

29 de Marzo de 2015 | 02:19

El caso fue título de este diario días atrás. La Justicia Civil de La Plata terminó condenando al Estado bonaerense a indemnizar con 80 mil pesos a las familias de dos pacientes que murieron tras contraer HIV en un centro de diálisis que funcionaba sin el adecuado control estatal. Aunque el episodio, que le costó la vida a catorce personas, fue una de las mayores tragedias de su tipo ocurridas en nuestra ciudad, es probable que muchos no lo recuerden porque tuvo lugar en 1993. En otras palabras, la Justicia llegó veintiún años más tarde y cabe preguntarse si para esas familias realmente lo fue.

La queja sobre la lentitud de los procesos judiciales quizás sea tan vieja como la propia Justicia y no hay abogado que no tenga alguna anécdota para contar. Pero lo curioso no es eso sino que ya no sorprende a nadie que haya juicios que tarden diez o quince años en alcanzar una sentencia, lo que da una pauta de hasta qué punto se ha terminado por naturalizar un problema que atenta contra la esencia del propio sistema judicial.

No sorprende a nadie que haya juicios que tarden diez años en alcanzar sentencia, lo que da una pauta de hasta qué punto se ha naturalizado un problema que atenta contra la esencia del sistema judicial

 

Y es que al postergarse tanto las decisiones de los jueces no sólo se acumulan los víctimas sin Justicia y los detenidos sin sentencia, sino que muchos reclamos indemnizatorios se vuelven irrisorios por el proceso inflacionario, y un gran número de demandas laborales y civiles terminan arreglándose extrajudicialmente porque la gente prefiere cobrar dos pesos hoy que ir a juicio con la esperanza de cobrar veinte muchos años después,

En este contexto Argentina ha recibido ya al menos cuatro condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir con la garantía de un plazo razonable para resolver un proceso judicial. Y si bien es cierto que no se trata de un problema exclusivo de nuestro país -muchos Estados europeos también han sido condenados-, entre nosotros parece perpetuarse como un mal sin solución.

Aunque no existirían estudios serios que den cuenta del fenómeno en la actualidad (el último se habría hecho en la década del ochenta), quienes se han dedicado a analizarlo concuerdan en general al explicar sus causas: la vigencia de algunas modalidades anticuadas y complejas, una tendencia excesiva a los procesos escritos y cierta falta de impulso por parte del propio sistema judicial.

Pero muchos de ellos coinciden también en que una Justicia que llega demasiado tarde no es Justicia, y que en hay casos en que la situación no da para más.

UN CONJUNTO DE CAUSAS

La lentitud de la Justicia “es un reclamo que viene desde tiempo inmemorial, sólo que hoy la sociedad parece estar menos dispuesta a soportarla y demanda una respuesta más rápida”, sostiene el doctor Pablo Grillo Ciocchini, presidente de la Comisión de Administración de Justicia del Colegio de Abogados de La Plata e impulsor de una encuesta sobre el funcionamiento de los juzgados que ubica a las demoras como el motivo de mayor disconformidad. (ver aparte).

A su entender, las demoras en los juicios obedecen a un conjunto de causas, entre la cuales el exceso de procesos por escrito tiene una relevancia particular. “El procedimiento escrito es un mecanismo muy engorroso de por sí. Basta imaginar cuánto tiempo nos llevaría esta entrevista si la hicéeramos intercambiando cartas”, ejemplifica Grillo al explicar que “eso es un poco lo que ocurre en muchos procesos hoy”.

Pero -como él mismo aclara- la lentitud del procedimiento por escrito no es la única causa de las demoras. “A eso se le suma el problema de los tribunales colegiados -como existen en el fuero Laboral-, donde la estructura de tres jueces complica aun más el procedimiento. Y es que no sólo tienen que estar presentes los tres miembros para las audiencias, sino que suelen ser tres criterios diferentes para llegar a una decisión”.

Lo mismo señala el doctor Federico Domínguez, presidente del Tribunal de Casación Penal. “Los tres fueros tienen serias demoras. En el caso del Laboral, que es el que está más demorado y tendría que ser el más rápido en resolver, el problema responde en gran medida a que funciona con tribunales: y al haber tres jueces, un juicio tarda como si fueran tres. Pero el problema está además en que tiene un juicio oral que no es realmente oral porque se termina haciendo todo por escrito”, explica él.

“Con el proceso Civil pasa algo similar -dice-: para ganar agilidad tendría que ser oral. Mi propuesta en este aspecto es incorporar el modelo del Código español del año 2000 que plantea juicios orales videograbados, lo que agiliza enormemente los procedimientos, ya que el juicio termina resolviéndose en una sola audiencia y, al quedar registro, consigue además que los jueces se cuiden más reduciendo la posibilidad de apelaciones”.

¿En qué etapa del proceso es donde se pierde más tiempo? “Sin duda en la etapa de prueba -entiende Grillo-: mientras que el Código Procesal establece un máximo de cuarenta días hábiles para completarla, normalmente se exceden los 400 días. Intervengo en varios procesos que llevan más de diez años de trámite y no es nada inusual”, dice.

“El meollo de las demoras está en la etapa intermedia, desde que el fiscal plantea la acusación hasta que se llega el juicio: es ahí donde se pierde más tiempo”, coincide Domínguez,, quien entiende que para agilizar los procesos penales habría que fortalecer los juicios por jurados, suprimir el sumario escrito y dar mayor participación a los fiscales. “Los jueces tendrían que limitarse a realizar las audiencias previas y determinar si otorgan fianza, y nada más hasta llegado el momento de juzgar”.

Pero más allá de cuestiones propias del procedimiento, el largo tiempo que pasa muchas veces desde que se inicia un juicio hasta que se dicta sentencia obedece también a la forma en que se manejan algunos juzgados y abogados. Al menos así lo entienden en la Comisión de Administración de Justicia del Colegio profesional.

“La falta de impulso de oficio por parte de los jueces para hacer avanzar los expedientes es otra importante causa de demoras -explican-. En todos los procesos se producen tiempos muertos entre que se cumple algún plazo y se vuelve a dar impulso al expediente, y es ahí donde el juzgado debe empujar. En lugar de eso, hay jueces que, si los abogados no se mueven, dejan los expedientes dormidos”.

“La falta de impulso de oficio por parte de los jueces para hacer avanzar los expedientes es otra importante causa de demoras”

 

“También es cierto que siempre hay una parte en el litigio a la que no le conviene apurar la causa. Y en los últimos años, la necesidad de los abogados de tomar muchos casos a la vez para poder mantener cierta rentabilidad, lleva a que tengan que postergar algunas actuaciones para resolver otras más urgentes; lo que contribuye aun más al atraso general”, reconocen desde el Colegio.

EN BUSCA DE SOLUCIONES

Frente al costado más crítico de las demoras en el sistema, las que se observan en el fuero Laboral, que algunos no dudan en calificar como “al borde del colapso”, el Colegio de Abogados de La Plata presentó en enero pasado un proyecto para transformar los tribunales colegiados en juzgados unipersonales, como se hizo en su momento en el fuero Familiar.

La iniciativa, que se encuentra en manos de la Corte, apunta a que los quince jueces que actualmente integran los cinco tribunales laborales de La Plata sean reasignados para conformar diez juzgados unipersonales y una Cámara de Apelación con dos salas de dos miembros cada una, y un presidente que vote en caso de empate. De esa forma se cree que sería posible agilizar un fuero que, según estadísticas oficiales, no llega a tomar audiencias ni la mitad de los días hábiles del año y tiene una demora mayor a los doce meses para fijar vistas.

Pero el Colegio profesional viene impulsando a su vez iniciativas destinadas a establecer un proceso para “pequeñas causas”, de modo que los reclamos por montos relativamente pequeños no deban sufrir el tortuoso trámite de un juicio complejo, así como también para alentar la mediación y la intervención de consejeros vecinales para la solución temprana y acordada de conflictos.

Por su parte, la Suprema Corte dictó una resolución por la cual desde el 2 de marzo pasado buena parte de las comunicaciones y presentaciones judiciales en el ámbito del Poder Judicial provincial correspondientes a los órganos y entes estatales dejaron de efectuarse en formato papel para realizarse en forma electrónica por internet.

La medida, con la que se busca agilizar la tramitación de los procesos judiciales y lograr una mayor eficacia del servicio de justicia, establece que el nuevo sistema se extienda a partir del próximo 4 de mayo a las comunicaciones con los entes públicos provinciales; a partir del 1º de julio a aquellas que se realicen con organismo del Estado Nacional; a partir del 1° de septiembre con las muncipalidades; y a partir de febrero del año que viene a todos los letrados y auxiliares de la Justicia.

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