Zika y embarazo, un debate que crece mientras el virus se expande

La recomendación de algunos países de América Latina de pedirle a las mujeres que pospongan los embarazos hasta 2018 para evitar complicaciones por el virus del zika, genera polémica entre referentes de derechos sexuales y reproductivos, quienes consideran que no se debe depositar la responsabilidad en los individuos, sino garantizar políticas públicas que les permitan decidir.

“Tras la declaración de la emergencia sanitaria mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la epidemia de virus zika y su correlación con posibles microcefalias durante el embarazo, se abrieron interrogantes importantes sobre las políticas públicas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos”, señaló Pedro Cahn, presidente de la Fundación Huésped.

Cahn precisó que ante ese panorama, algunos estados de América Latina -como Colombia, Jamaica y El Salvador- centraron sus campañas en la recomendación de posponer los embarazos hasta 2018, “es decir, en pedir a las mujeres que no se embaracen en una región en la que alrededor del 50 por ciento de los embarazos son no planificados”.

“Esas medidas apuntan a centrar la prevención únicamente en las conductas individuales y poner la responsabilidad exclusivamente en las mujeres, además de desconocer los derechos reproductivos, cuando al mismo tiempo no se proponen planes de salud sexual y reproductiva para mejorar el acceso a métodos anticonceptivos ni se garantiza el acceso a la interrupción del embarazo de manera segura”, enfatizó el especialista.

En ese sentido, el ministro de Salud argentino, Jorge Lemus, explicó que si bien el país está libre de circulación autóctona del virus, se les aconseja a las embarazadas y mujeres en edad fértil que consideren los riesgos a la hora de viajar a países donde sí existe circulación de zika.

“El Estado no puede intervenir en la toma de decisiones personales, eso está claro. Sí es importante tener programas de salud reproductiva para que esas premisas se cumplan, como sucede en la Argentina, donde el programa llega a todas las provincias y funciona de forma muy activa”, aseguró el titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, la presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Mabel Bianco, consideró que la recomendación “no puede ser sólo para las mujeres, sino para toda la población”.

“Uno no puede decir a las mujeres que no tengan hijos. Hay una obligación de Estados y gobiernos de dar conserjería y asesoramiento a la población para no llevar terror a la gente, sino que pueda encontrar un lugar donde se reciban sus inquietudes y no se la deje sola en la toma de decisiones”, señaló.

Bianco coincidió con Cahn en que además es “fundamental” que haya disponibilidad de insumos para que se puedan planificar los embarazos, como preservativos y anticonceptivos, y remarcó que “no se puede obligar a la gente a que haga nada, sino asesorar, entender y respetar”.

“Esto sirve en general y no sólo para el caso del zika, sino que se trata de derechos que hay que garantizar a toda la población. Nos oponemos también a que no haya permiso para interrumpir embarazos en casos de anomalías congénitas inviables, no hay que obligar a las familias a pasar por esa tortura”, enfatizó.

A su vez, Cahn, especialista en enfermedades infecciosas, consideró que “las emergencias sanitarias afectan siempre de modo más grave a las poblaciones con mayor inequidad en el ejercicio de sus derechos, debido a su clase, raza, u otros condicionantes”.