Es ley el cupo laboral para trans y travestis en administración pública bonaerense

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó hoy la ley que crea en el sector público de la Provincia un cupo mínimo, de al menos un uno por ciento de los empleos, para que el colectivo trans, travesti y transgénero pueda tener acceso a un trabajo digno.

La flamante norma, elaborada por la diputada provincial del Frente para la Victoria Karina Nazábal, apunta, según se indicó, a generar igualdad de oportunidades ante las dificultades que tienen las integrantes de este colectivo de lograr una inserción laboral y obtener un trabajo digno, al establecer que el uno por ciento del personal estatal provincial deberá ser travesti o transgénero.

El proyecto que había sido aprobado en diciembre pasado en Diputados y fue sancionado hoy por unanimidad en el Senado, determina que el sector público de la provincia de Buenos Aires comprende los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los organismos descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, entre otras.

El artículo quinto establece que las beneficiarias de la norma serán "las personas travestis, transexuales y transgénero, mayores de 18 años de edad, hayan o no accedido a los beneficios de la ley 26.743 (de identidad de género) y que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo que deben ocupar de acuerdo con sus antecedentes laborales y educativos".

Además establece que el incumplimiento total o parcial de la Ley “constituirá, para los/as funcionarios/as responsables, mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”.

"Tenemos una enorme felicidad porque no pensábamos poder llegar a este momento tan importante", expresó en diálogo con Télam la secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), Diana Sacayán, tras la sanción de la norma.

"Habíamos trabajado sobre políticas públicas de empleo junto al Estado nacional, políticas positivas para el colectivo pero que eran insuficientes", destacó.

Sacayán consideró que "el problema de la necesidad de un trabajo no estaba resuelto, por lo que vislumbramos que era necesario trabajar sobre el derecho al trabajo, poner en discusión el derecho al trabajo genuino para las personas travestis".

Asimismo, destacó que "lo que a cualquier persona le es común: tener trabajo o contar con una tarjeta de crédito, no lo es para nosotras", y recordó que muchas de sus compañeras "viven de la prostitución".

"Ahora el Estado da una respuesta y además logramos desbaratar el discurso ridículo de que es bueno regularizar la prostitución como un trabajo", continuó la dirigente, aunque "pese a este gran aporte" llamó a "seguir haciendo un trabajo para producir un cambio cultural".

Por su parte Martín Lanfranco, miembro del Frente por la Identidad de Género, afirmó que la sanción de la lay "es muy importante para la inclusión de las personas trans" porque si bien la ley de identidad de género contribuyó "en el tema registral, en la atención integral en salud, aún cuesta mucho que las chicas consigan laburo formal".

El de hoy "es un paso importantísimo para el acceso a este derecho laboral dentro del Estado provincial", sostuvo.

En los fundamentos de la norma, la diputada Karina Nazábal explicó que la comunidad travesti, transexual y transgénero de Argentina “se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país”. 

“La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato y la mayoría vive en extrema pobreza, privadas de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales”, graficó.

La legisladora sostuvo que la expulsión de los circuitos laborales “también es moneda corriente para las minorías por identidad de género” por lo que consideró que es el Estado “el que se empieza a hacer cargo de brindar oportunidad de trabajo a este colectivo”.

La norma sancionada hoy establece también que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de su identidad de género”.