La corrupción enquistada en la Salud

La dirección nacional de Salud Bucal, dependiente del ministerio de Salud de la Nación -repartición ella con carácter prioritariamente normativa y administrativa- se desenvolvía hasta el año 2004 con una dotación de personal de entre 7 y 9 agentes (director, profesionales y administrativos). El día 10 de diciembre de 2015 su dotación trepaba hasta, aproximadamente, 100 personas (también en sus niveles escalafonarios). Digo aproximadamente, porque el total de tal nómina no pudo establecerse por las más descabelladas situaciones: agentes sin destino tanto físico como laboral; contratados para la dependencia con prestación en algún otro destino (o no); choferes que manejaban móviles sin patentar, sin alta patrimonial en el Estado, sin poder establecer paradero cierto y muchas otras situaciones variopintas.

No tardaron en llegar las explicaciones/excusas de las antiguas estructuras. Una de ellas, la más notoria por sus volúmenes de discrecionalidad, por llamarla en forma delicada, resulta ser el programa “Argentina Sonríe”.

En efecto, tal programa ocuparía aparentemente una significativa cantidad de empleados, móviles y recursos tecnológicos, más ello tropezaba con la realidad sustantiva que adelanté parcialmente en el párrafo anterior: profesionales, técnicos, empleados y costosísimos móviles con tecnología de alta complejidad sub-utilizada y reñida con la estrategia de atención primaria de la salud por ellos declamada, radicados en destinos inciertos, “coordinados” por personal ajeno a la repartición nacional.

Sirva lo antedicho como prefacio a la más, si cabe, irregular situación de manejo presupuestario a través de universidades como la Universidad de Entre Ríos, San Martín o la de Chaco Austral entre otras, que sirvieron para triangular tal manejo a través de una consultora, a pesar de una advertencia de la ONU, una auditoría interna del ministerio del Interior y una causa judicial.

El caso al que aquí se alude no resulta ser único, último ni aislado; la metodología explicada la hallamos en Tecnópolis, en el Centro Cultural Kirchner/Bicentenario, telenovelas, la televisión pública, Fútbol para Todos y en casi todas las acometidas de envergadura de la última década.

Esta resultaría ser una trama en la que se mezclan corruptelas que no sólo atentan contra bienes y recursos,sino que atentan contra la salud pública, la salud cívica, el descrédito de la menguada confianza del pueblo en sus instituciones y la cada vez más lejana posibilidad de recuperar la credibilidad en el Estado.

Profesionales de la salud aconsejamos consultas periódicas a especialistas: respetar el calendario de vacunaciones, practicar la lactancia materna, etc., etc. Pero cuando es el mismo Estado quien, en formas explícitas o implícitas, decide romper con tales principios sanitarios elementales, reemplazando los niveles de aplicación idóneos con pseudo voluntarismo militante -aún con sanas intenciones- rompe con códigos de respeto y reconocimiento y se deteriora el nivel de la ciencia.

Las causas judiciales con imputados y con imputables son groseras. También el Poder Judicial -por muchos cuestionado- tiene la oportunidad de su muy apreciable aporte para el recupero que los argentinos merecemos.

Es por ello que aquella Universidad que ayer sobrevivía gracias a los mecenas lo haga ahora con los mercenarios.

(*) Diplomado en Salud Pública. Ex Director del Hospital Zonal “Adolfo M: Bollini”