Valiosa iniciativa por la presencia de perros en las playas bonaerenses

La adopción de medidas para atenuar el riesgo que representa la presencia de perros sueltos en las playas resulta evidentemente necesaria. Podrán discutirse los alcances de las reglamentaciones, pero no la conveniencia de legislar sobre un tema que implica riesgos sanitarios para la población. En este primer sentido es que resulta valiosa la iniciativa de una concejal de Mar del Plata, destinada a crear en ese distrito un marco normativo para los balnearios que acepten el ingreso de perros u otras mascotas a las playas.

Tal como se informó, la edil aludió al virtual vacío legal que existe en ese tradicional balneario, ya que alguna vieja ordenanza sancionada que prohíbe la permanencia de animales en las playas no se cumple desde hace décadas. Otra ordenanza, se indicó, prevé la alternativa de que sean habilitados algunos balnearios para permitir el ingreso de mascotas, aunque no reglamenta esa posibilidad.

Para el caso de las playas que se extienden a lo largo de la costa atlántica o las que corresponden a las costas del Río de la Plata, correspondería reseñar la existencia de estudios, como el realizado hace años por la cátedra de Parasitología de la facultad de Veterinaria local. En ese trabajo, los investigadores alertaban sobre la alta incidencia en la arena de una enfermedad difícil de detectar y potencialmente muy peligrosa: la toxocarosis, una parasitosis trasmitida por la materia fecal de los perros.

A este dato se le sumó un aumento en las denuncias por ataques a personas, detectado por sondeos efectuados. En alguno de los balnearios se llegó a registrar 411 casos de mordeduras que involucraron tanto a animales callejeros como con dueño. Sobre esa base, la Fiscalía de Estado bonaerense decidió impulsar medidas. Y les solicitó a los intendentes de Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar y Partido de la Costa promover ordenanzas que prohibieran el ingreso de perros, ya sea sueltos o con correas, a sus playas.

El pedido estuvo sustentado no sólo en el riesgo sanitario de las deposiciones caninas, sino en la vulnerabilidad jurídica a la que se exponían los municipios frente a eventuales ataques. A modo ilustrativo, el Fiscal les adjuntaba la copia de una demanda promovida por los padres de un menor que sufrió el ataque de un rottweiler en Santa Clara del Mar.

Lo cierto es que, más allá de las definiciones que puedan surgir del Concejo Deliberante marplatense cuya comisión de Obras debatirá la cuestión esta semana, es evidente que el tema supera los alcances locales y se irradia al resto del territorio, ya que no sólo se presenta en las playas sino que también afecta a la dinámica de las plazas, paseos y lugares públicos. Por dar, tan solo, un ejemplo cercano, es común ver en la República de los Niños a muchas personas que deciden caminar o realizar otras actividades aeróbicas acompañadas por perros.

Lejos de resultar una cuestión menor, se trata de una problemática vinculada a la salud y a la integridad física de las personas. Todos los municipios se encuentran desafiada por ella y bastaría recordar que los areneros de los plazas también son potenciales focos infecciosos de enfermedades transmitidas por los perros. Y el problema de estos sueltos en la vía pública excede el riesgo de transmisión de esta enfermedad en particular. Cabe esperar que la preocupación que el tema ha despertado se extienda a todos los ámbitos y organismos que puedan tener incumbencia en la materia.