La Argentina, ante el desafío de recobrar la excelencia en la educación pública

La exclusión de Argentina de las tradicionales pruebas de evaluación PISA, despertó en estos días no sólo ásperos debates entre autoridades educativas actuales y ex funcionarios del área –en una controversia que, más allá de buscar las circunstanciales responsabilidades del caso, poco aporta a la esencia del problema- sino que, vista y analizada en su verdadera dimensión, causa una honda inquietud pues volvió a colocar a la Argentina en una situación de decadencia constante. Una declinación que resulta especialmente dolorosa ya que desde finales del siglo XIX y en casi toda la centuria pasada nuestro país mantuvo una posición de vanguardia, caracterizándose en el concierto de las naciones por la calidad y justeza de su sistema educativo.

Como se sabe la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que impulsa las llamadas pruebas Pisa, que son evaluaciones de estudiantes de numerosos países que se realizan cada tres años a alumnos de 15 años, decidió hace pocos días excluir a la Argentina por “fallas metodológicas” en las que incurrió el sistema educativo de nuestro país al tomar las muestras, tal como lo admitió el actual ministro de Educación. En tanto, funcionarios de la gestión anterior refutaron el planteo de invalidez de la presentación de la muestra y expresaron que el tema radica en el cambio de la escuela media que se dio en los últimos años.

Como se sabe, la Argentina fue excluida de la medición internacional de calidad educativa 2015 a raíz de “graves fallas metodológicas y falta de cumplimiento de regulaciones” fijadas por la entidad organizador, en una situación que no sucedió nunca desde el año 2000, cuando comenzó este sistema de evaluación mundial, más allá de que en 2003 el país decidió no participar. Se indicó que la falla tuvo que ver con no haber abarcado la cantidad necesaria de escuelas para realizar la evaluación, estimándose que faltaron los resultados de unos tres mil establecimientos.

Más allá de las interpretaciones diversas y contradictorias que se suscitaron a partir de esta decisión de la OCDE, lo cierto es que la Argentina volvió a quedar mal parada en una prueba internacional en la que, en los últimos años, vale recordarlo, aparece ubicada entre los países con peor calidad educativa.

Como se recordará, el puntaje obtenido por los jóvenes argentinos en las anteriores pruebas Pisa, realizadas en 2013, los colocó en el puesto 59° sobre los 65 países evaluados, en lo que resultó ser un descenso continuado desde el año 2000, cuando la Argentina quedó ubicada en el lugar 35°, para luego declinar en los sondeos del 2006 y 2009.

Debiera también advertirse que, en consonancia con esos sondeos, se fueron conociendo en estos años encuestas realizadas por universidades, públicas y privadas, en las que la mayoría de los estudiantes encuestados consideró como deficiente a la enseñanza secundaria, mencionándose como principales causas de esa situación el bajo nivel de los profesores y la falta de interés de los alumnos.

Al margen de los desajustes metodológicos que pudieron haber influido para que se decidiera la exclusión de la Argentina en las últimas evaluaciones internacionales, pareciera ya evidente el quebranto que sufre nuestro sistema educativo, en el cual -más allá de que la responsabilidad esencial para revertir ese panorama le incumbe a los docentes- existen también serias falencias imputables a los padres y familias de cada estudiante.

No faltan en el país diagnósticos certeros sobre la declinación del sistema y numerosos índices reveladores del pobre nivel educativo imperante. Está cada día más claro que nuestro país debe impulsar en forma perentoria un vigoroso replanteo de la educación, que lo coloque a la altura de los múltiples desafíos contemporáneos. La Argentina dispone de solventes recursos humanos y, asimismo, aún, de la privilegiada base que sentó la instrucción pública en sus épocas de mayor brillo. Sólo hace falta aprovechar con inteligencia esos factores trascendentes.