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La crisis en Brasil, “desde adentro”
FERNANDO CARDOSO (*)
Es preciso abrir el juego: No se trata solamente de la presidenta Dilma Rousseff o del Partido de los Trabajadores, sino del agotamiento del actual arreglo político brasileño.
Es más: Lo que idealizamos en la constitución de 1988, cuyo valor es indiscutible, era construir una democracia plena y un país decente, con acceso generalizado a la educación pública, salud gratuita y asistencia social. Más todavía, acceso a las tierras para quienes necesitaran trabajarlas, bien como asistencia social a quienes la necesitaran.
La ejecución de este programa encontró dificultades crecientes porque la estructura estatal está burocratizada y es corporativista. Y también porque la sociedad no quiere y no puede pagar cada vez más impuestos cuando los gastos no dejan de expandirse.
¿Era inevitable que nos encontráramos en esta situación? No. Sin embargo, para evitar la crisis del sistema de partidos y de la relación entre el ejecutivo y el legislativo, habrían sido necesarios, cuando menos, los contrapesos de la “ley de la barrera” y la prohibición de las alianzas partidistas en las elecciones proporcionales, la restricción en los gastos de campaña y reglas más severas para su financiamiento.
Pero no es eso solo. La mala conducción de la política económica hizo que le fuera imposible al gobierno del PT (petista) seguir ofreciendo los beneficios sociales propuestos, sino pagando el precio de la insolvencia de la Tesorería.
No me refiero a las subvenciones familiares, que vienen del gobierno de Itamar Franco, fueron ampliados en mi gobierno y consolidados en los gobiernos petistas: Estos son granos de arena si se comparan con los subsidios a empresarios ofrecidos por los bancos públicos con recursos de la Tesorería; sin mencionar el grado inédito de la corrupción, el aceite que ablandó las relaciones entre gobiernos, partidos y empresas y que resultó en lo que resultó: desmoralización y desesperanza. Ojalá que siga dando también cárcel.
Ante todo esto, ¿cómo mantener la ilusión de que están funcionando las instituciones?
Algunas instituciones del Estado sí se robustecieron: algunas partes del Ministerio Público y de la Policía Federal, segmentos del Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y partes significativas de la burocracia pública, como el Ministerio de Relaciones Exteriores (el llamado Itamaraty), la Secretaría de Ingresos Federales y algún ministerio, así como el Banco Central.
Sin embargo, en conjunto, el Estado entró en parálisis, no sólo el Ejecutivo, sino también la burocracia y el Congreso. Este por las causas ya mencionadas, cuya consecuencia más visible es la fragmentación de los partidos y la casi imposibilidad de constituir mayorías para enfrentar las dificultades que están abatiendo al sistema político.
Nada de eso ocurrió de repente. Repito lo que ya he dicho en otras ocasiones: En el viaje que hizo Rousseff en 2013 para rendir el homenaje fúnebre a Nelson Mandela, acompañada por todos los ex presidentes, yo mismo les dije: El sistema político se acabó; nuestros partidos políticos no pueden o no quieren cambiar; busquemos el mínimo denominador común para salir del atolladero, pues todos somos responsables de él. Sólo el ex presidente José Sarney (1985-1990) se mostró receptivo a mis palabras.
Ahora ya es tarde. Estamos en una situación que se asemeja a la de la Cuarta República Francesa de los años 1945 a 1958 (periodo de un gobierno republicano cuando estuvo en vigor la cuarta constitución de Francia).
Su fin coincidió con los desajustes de las guerras coloniales, las tentativas de golpe y, finalmente, con la solución gaullista cuando Charles de Gaulle asumió la presidencia.
Aquí, es cierto, las fuerzas armadas son garantes del orden y no actores políticos. Es el momento, empero, de líderes, de personas esclarecidas que digan la verdad: No saldremos del embrollo sin un esfuerzo colectivo y sin un cambio en las reglas del juego. La cuestión no sólo es económica. Sobre las medidas económicas, además de los chiflados de siempre, se va formando una convergencia.
Incluso los temas delicados, los cuales me atreví a tocar cuando ejercí la presidencia y que caro me costaron en materia de popularidad, han vuelto al ruedo: En el ámbito laboral, como dijo el nuevo presidente del Tribunal Superior del Trabajo, Ives Gandra da Silva Martins Filho, citando como ejemplo el Programa de Protección al Empleo, empecemos por aceptar que prevalezca lo acordado entre los sindicatos sobre lo legislado, desde el respeto a las garantías fundamentales aseguradas para los trabajadores en la Consolidación de las Leyes Laborales.
Enfrentemos el déficit asistencial, definiendo una edad mínima para el retiro que se haga efectiva progresivamente, digamos en un plazo de 10 años. Aspiremos con audacia a que un nuevo gobierno, formado dentro de las reglas constitucionales, haga que el Congreso apruebe algunas medidas básicas que limiten el endeudamiento federal, haciendo compatible el gasto público con el crecimiento del producto interno bruto y de los ingresos, y mejorando el sistema tributario, en especial en relación con el Impuesto a la Circulación de Mercancías y Servicios (impuesto al consumo).
Dentro de las medidas fundamentales a ser aprobadas, la principal, obviamente, es la reformulación de la legislación de los partidos y las elecciones. Esto no es político: Unas elecciones con la legislación actual provocarían la repetición del mismo disparate legislativo.
Hay que cambiar después las leyes de los partidos, restringiendo la expansión de su número y alterando las reglas de financiamiento electoral para evitar la corrupción.
Por buenas que hayan sido las intenciones de prohibir los aportes de las empresas a los partidos, hubiera sido mejor limitar la contribución de cada conglomerado económico a una suma fija en reales, obligando a las empresas a donar solo al partido que eligieran y por intermedio del Tribunal Superior Electoral, que controlaría los gastos de las campañas.
La prohibición pura y simple puede desembocar, como ocurre en otros países, en que el dinero ilícito, los fondos negros o del crimen organizado destruyan de una vez el sistema representativo.
Ideas no faltan. Pero es necesario cambiar de cultura -cosa que es lenta- y reformar las instituciones. Es tiempo de que se verifique la viabilidad de instituir un régimen semi-parlamentario, como ha propuesta la Orden de Abogados de Brasil, con una presidencia fuerte y equilibradora, pero no ejecutiva.
Sólo en las crisis se logran grandes cambios. Estamos en medio de una crisis. ¡Manos a la obra!
(*) Sociólogo y autor, fue presidente de Brasil desde el 1 de enero de 1995 al 1 de enero de 2003
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