Se deben agotar esfuerzos y negociaciones para frenar la parálisis de la Justicia

La sucesión de medidas de fuerza que llevan a cabo los empleados judiciales bonaerenses, que afecta la atención de los tribunales de la Provincia, genera graves consecuencias sobre la ciudadanía y sobre el vasto universo de profesionales cuyo trabajo depende de la actividad de los juzgados, fiscalías, defensorías y demás organismos del Poder Judicial.

Así lo acaba de corroborar la Suprema Corte al formular una advertencia sobre esta situación. Como se sabe, el Colegio de Abogados de la Provincia también ha denunciado un virtual colapso de los tribunales como derivación de la huelga. En tal sentido, la entidad colegial presentó un amparo para que se garantice el servicio de justicia, ante el reclamo de sus representados.

Tal como se informó en este diario, el alto tribunal recordó ahora, en su condición de cabeza de uno de los tres poderes provinciales, que la administración de Justicia no puede ni debe menoscabarse en grado tal que se imposibilite su desenvolvimiento adecuado, para añadir que el derecho de peticionar y el de huelga deben ejercitarse de modo que no afecten otros de igual jerarquía constitucional.

La Corte ordenó que los titulares y funcionarios pertinentes aseguren la atención de las mesas de entradas, que deben permanecer abiertas durante toda la jornada judicial y en caso que los empleados no presten servicio, estar a disposición de los letrados para su atención. Añadió, asimismo, que la atención de las mesas receptoras de escritos judiciales o escritos electrónicos deberá ser garantizada por el funcionario a cargo, entre otras medidas que impulsó para enfrentar estas jornadas de crisis.

Tal como se ha dicho en esta columna en circunstancias similares y, sin poner en tela de juicio la legitimidad que pueda tener el reclamo sindical, es necesario enfatizar aquí la necesidad de que las partes en pugna -el Gobierno y los judiciales- encuentren solución a un conflicto que genera gravísimos perjuicios no sólo a los abogados sino también al inmenso número de ciudadanos que ven afectados derechos básicos -personales o patrimoniales- por la casi creciente parálisis judicial.

Se sabe, asimismo, que se encuentran pendientes de definición los porcentajes de incrementos salariales que se reconocerán a los empleados, así como los correspondientes al aumento que pueda concernirle a los magistrados. Desde el Gobierno, mientras tanto, se ha mantenido abierta una negociación por los sueldos de la Justicia pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo para destrabar el conflicto.

No es la primera vez que en los últimos años se presenta esta situación en la órbita del Poder Judicial bonaerense y la experiencia acumulada enseña, con meridiana claridad, que no existe otro camino que no sea el de la negociación y el acuerdo.

Más allá del forcejeo por los sueldos, no puede perderse de vista que la Justicia es -en definitiva- un servicio público en el que millones de ciudadanos se juegan nada menos que la libertad, el honor, el patrimonio y hasta las relaciones familiares. Para un inmenso universo de profesionales es, además, la fuente de la que depende su trabajo. En el extremo que ha alcanzado el conflicto, los mayores esfuerzos deben ser puestos en agotar todas las instancias para que no se vean afectados los derechos o intereses de los justiciables.