El gobierno bonaerense derogó ayer los artículos del polémico decreto que penaba con prisión a periodistas y a “terceros” que hicieran públicas las declaraciones juradas de bienes que los funcionarios del Ejecutivo, policías y penitenciarios están obligados a presentar.
El gobierno de María Eugenia Vidal publicó en el Boletín Oficial el decreto número 661 con el que se suprimió los artículos 1, 2 y 7 del decreto 647, que fue dado a conocer el miércoles pasado y en el que se estableció la reglamentación de la declaración patrimonial en la Provincia.
En esa norma, se establecía que “los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal”.
El artículo 157 del Código Penal establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos”.
En ese marco y tras conocerse el polémico decreto, que fue duramente cuestionado por sectores de la oposición, la gobernadora Vidal anunció el mismo miércoles que iba a derogar los artículos que versaban sobre sanciones, situación que se conoció ayer.
FINALIDADES
El nuevo decreto señala que sobre la reglamentación de la declaración jurada de bienes “han surgido aspectos cuya aclaración resulta pertinente para garantizar el fiel cumplimiento de la finalidad del régimen”.
Por lo que “se propicia la presente medida aclaratoria a fin de propender al fortalecimiento del régimen instituido”.
Finalmente derogó los artículos 1, 2 y 7 del decreto 647, que reglamentó la obligación de funcionarios del Ejecutivo, policías y personal del Servicio Penitenciario bonaerense a presentar su declaración jurada patrimonial anual.
En el gobierno bonaerense, quien quedó en el ojo de la tormenta fue el secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand. En sectores del gabinete le cargan la responsabilidad por el dictado de la controvertida norma que, juzgan, le hizo pagar un fuerte costo político a Vidal.
De hecho, fue quien salió a defender la norma y a afirmar que no habían existido errores en su redacción.
Pero unos minutos después, la propia Gobernación le salió al cruce, admitió la existencia de “errores” anunció que daba marcha atrás.
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