El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto para pedir que el municipio inicie las gestiones necesarias para cobrar la deuda por capitalidad que, en un plazo de dos meses, podría judicializar
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El cuerpo pidió que si en dos meses no se inician gestiones para el pago, la Comuna vaya a la Justicia
El Concejo Deliberante aprobó ayer un proyecto para pedir que el municipio inicie las gestiones necesarias para cobrar la deuda por capitalidad que, en un plazo de dos meses, podría judicializar
En medio de una fuerte polémica, el Concejo Deliberante aprobó ayer fijar dos meses para que la Provincia comience a gestionar el pago de la deuda mantenida con la Ciudad por la tasa de capitalidad. El decreto votado en el recinto establece que tras ese plazo se le pedirá al Ejecutivo que acuda a la Justicia en reclamo de un monto acumulado en ese concepto, que ya alcanza los 200 millones de pesos.
Se trata de una iniciativa presentada por el Frente Renovador, en el marco del histórico retraso que la Provincia tiene con la Comuna por el pago de los servicios municipales prestados a los edificios públicos provinciales emplazados en la Ciudad. Es que, además de la deuda heredada de la anterior gestión, desde la asunción de María Eugenia Vidal no el municipio no percibió montos en ese concepto.
“Hay muchas cosas que el municipio podría hacer con 200 millones de pesos, que es lo que se le adeuda, como un plan integral de obras”, dijo el presidente del bloque massista, José Arteaga, al enmarcar la iniciativa en la decisión que tomó la Gobernadora de reclamar por vía judicial el fondo de coparticipación de la Provincia al Estado nacional.
Si bien los representantes de todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con el reclamo, las diferencias en el recinto emanaron de las posiciones sobre judicializar o no la cuestión, en medio de los reproches con la anterior gestión por el monto acumulado.
“Todos los reclamos que se hicieron hasta ahora en ese sentido fueron un fracaso, es importante judicializar el tema, lo que no necesariamente implica la judicialización de la política”, abogó el concejal vecinalista Gerardo Jazmín.
El edil del PRO Julio Irurueta discrepó a favor de no pedir la intervención judicial del tema: “El Departamento Ejecutivo ya inició las acciones sobre este tema, le pidió al ministro de Economía, Hernán Lacunza, el pago del acumulado con bonos de deuda a proveedores”, dijo.
Y quien estuvo de acuerdo con el oficialista fue el edil del FpV Gabriel Bruera. “Una presentación judicial no garantiza el pago, incluso, al contrario de lo que buscamos, puede contribuir a dilatar el tema aún más”, señaló, al tiempo que opinó que “debemos bregar por la sanción de una ley que establezca el cobro de esta tasa, sancionada por la Legislatura. Debemos aprovechar en nuestro favor que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Sarghini, es platense”.
El mes pasado, representantes de todos los bloques habían coincidido en la idea de comenzar a conversar la sanción de un proyecto de ley provincial que obligue a la Gobernación al cumplimiento de este pago.
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