Un decreto poco pensado y urgencias del año electoral

En la agonía de enero, marzo armó una tormenta política. No es una ironía del calendario; es un episodio que parece hablar bastante del mecanismo que funciona en el Gobierno para la toma de decisiones. La “mudanza” del sensible y simbólico feriado del 24 de marzo expuso a Macri a críticas que cualquier manual aconsejaría evitar.

No hay término medio: o buscaron deliberadamente instalar un tema que desplazara a otros más incómodos (como el nuevo ajuste en las tarifas de luz que empezará a aplicarse en febrero) o, directamente, incurrieron en una torpeza política que combina dosis parejas de improvisación, falta de tacto y cierta imprudencia en la toma de decisiones. A la luz de los resultados, todo indica que no fue una maniobra para reorientar el debate público sino, más bien, otra decisión a la que le faltó una correcta y sencilla evaluación de costos y oportunidades.

Todo indica que el Gobierno no calibró con anticipación los costos y reacciones que iba a provocar el cambio con el feriado del 24 de marzo

Quizá convenga un repaso: Macri firmó un decreto que suprime feriados puente pero convierte en “movibles” a los del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio. Un feriado, al ser “trasladable”, pierde de alguna forma su jerarquía al quedar desdibujado por el jolgorio turístico. Todo en el plano de lo simbólico, porque la realidad es que los “feriados de reflexión” en la práctica no existen.

Lo cierto es que, de un plumazo, el decreto puso al Presidente en una situación incómoda con los organismos y referentes de Derechos Humanos (aún con aquellos que miran con comprensión y sin mezquindades al Gobierno, como Graciela Fernández Meijide) y, por si fuera poco, también con ex combatientes de Malvinas. Con algo de picardía y rápidos reflejos electoralistas, intendentes del PJ se rebelaron y empezaron, en cascada, a disponer “asuetos de reflexión” en sus jurisdicciones para el 24 de marzo. En la antesala de un año electoral, le dieron al peronismo una oportunidad de unificarse en torno a un tema sensible para la sociedad.Y el radicalismo hizo notar su incomodidad con el asunto. Todo eso llevó ayer a Macri a dar marcha atrás con el decreto. Otra vez, el Gobierno avanza y rebobina; dice y se desdice; hace y deshace. Se dirá, seguramente, que escucha las críticas y, en lugar de ser inflexibles y obcecados, saben aceptar errores y dar marcha atrás. El argumento puede funcionar algunas veces; no siempre. Los manuales dicen que es antes de tomar decisiones cuando hay que escuchar, evaluar y anticiparse a eventuales consecuencias y reacciones. En política, como en la vida, no siempre se puede dar marcha atrás. Hay veces (no es éste el caso) que puede ser demasiado tarde.

El Gobierno se enredó también en una discusión complicada sobre el control de la inmigración. Conocer los antecedentes de quienes aspiran a residir en Argentina es, por supuesto, un recaudo elemental. Pero hay que decir, primero, que plantear esa cuestión en un país en el que las fronteras se parecen a un colador y son más fáciles de burlar que los controles en un boliche bailable, es plantear -en realidad- un debate teórico, condenado a hacer apenas un ruido inconducente. Está claro también que se trata de un tema sensible, que debe ser formulado, explicado y abordado con prudencia y rigurosidad. Decir que los bolivianos o los paraguayos son responsables de la escalada del narcotráfico en el país, es caer en una simplificación y una generalización que puede rozar la xenofobia además de encerrar una falacia. Decirlo, además, el mismo día en que Trump firma el decreto para construir un muro en la frontera con México, es correr el riesgo de quedar innecesariamente emparentado con una medida que el mundo mira con recelo. Hay, en estos temas, una cuestión de oportunidad y de formas que no son insignificantes.

Los controles migratorios y fronterizos son -en un mundo desafiado por el terrorismo y el crimen organizado- un tema que debe ser abordado con máximo profesionalismo, concurso de distintos estamentos gubernamentales y coordinación entre países con fronteras comunes. Argentina debe pensarlo desde la perspectiva del Mercosur.

Un dato ha circulado estos días en ámbitos en los que se analiza la cuestión migratoria: nuestro país se había comprometido a recibir 300 refugiados sirios, pero ahora habría un pedido del Papa para que sean 3.000. La complejidad de toda esta problemática hace indispensable que el tema no se manosee con declaraciones ramplonas frente al primer micrófono que se enciende.

En medio de estos debates, el Gobierno encara complejos desafíos en un año que estará -inexorablemente- dominado por las tensiones electorales.

El nuevo equipo económico -tras las ruidosas salidas de Prat Gay y Melconian- tiene la misión de poner en caja el gasto y achicar el déficit fiscal. ¿Es un objetivo compatible con las demandas de un proceso electoral en el que el Gobierno juega buena parte de su capital político?

El Gobierno intenta, al mismo tiempo, encarar un ambicioso plan de obra pública centrado en infraestructura social (cloacas, agua, pavimento) y reducir en forma significativa el gasto. Es una meta que obligará a un cirugía de alta complejidad en la administración del Estado. Porque también está claro que hay abultadas deudas por pagar: el compromiso con las organizaciones sociales y el pago de la deuda a jubilados son, quizá, las dos más “pesadas” para un Estado que ya ha sobrepasado los límites de la presión impositiva.

Un dato de esta semana muestra otro frente complicado de la economía: el Gobierno desautorizó un acuerdo para ajustar los sueldos de los bancarios, porque entiende que fija una pauta peligrosa para las paritarias que empezarán en estos días. Ahí aparece otro interrogante: ¿podrá acordarse un techo de ajuste salarial que no atente contra el objetivo de domar la inflación en el primer semestre? Los gremios empiezan a mostrar los dientes y es posible que en algunas jurisdicciones provinciales los docentes sean los que marquen el rumbo de una conflictividad que puede teñir el humor social a la vuelta del verano.

La antigua figura de la “manta corta” se hará aún más visible en el año electoral.

En medio de estos desvelos, el oficialismo dedica más tiempo del que se sabe a diseñar su estrategia electoral. Macri ya ha anticipado que se pondrá la campaña al hombro, junto con María Eugenia Vidal. Pero eso no los exime de encontrar buenos candidatos en cada jurisdicción.

Las elecciones plantean, además, desafíos particulares en las distintas jurisdicciones. Los partidos nacionales tienden, cada vez más, a ser confederaciones de fuerzas provinciales. De hecho, en las mesas de la política se habla del “peronismo de De la Sota” (en Córdoba); el radicalismo de Morales (en Jujuy) o el PJ de los Saá (en San Luis), por citar algunos casos. Por ahora, tanto Cambiemos como el peronismo tienen las piezas desarmadas sobre el tablero electoral. En la misma situación está el massismo, que ensaya variantes curiosas, como la de llevar a Felipe Solá de candidato en la capital federal. En ese distrito puede haber ensayos llamativos: ¿Lousteau dejará la embajada en Washington para competir por afuera de Cambiemos?

La economía enfrenta delicados desafíos, acentuados por las demandas de un año electoral

Duhalde y Carrió podrían ser, en la Provincia, los que den la batalla contra Cristina Kirchner si la ex Presidenta decide, finalmente, ser candidata bonaerense. Lo dice José Picón en su análisis de la política provincial (ver pág. 12).

Esta semana se termina enero, que siempre ofrece una tregua y un clima un poco más amable y distendido. El Gobierno no ha dejado, sin embargo, de tener algunos sobresaltos. La denuncia contra el titular de Inteligencia, Gustavo Arribas, se anota en la lista de incomodidades. Amigo incondicional del Presidente, ha quedado obligado a explicar por qué recibió -como empresario- el desembolso de más de medio millón de dólares de un oscuro financista brasileño involucrado en la trama de corrupción que ha sacudido al país vecino. Todo se aclararía con una escritura que, sin embargo, todavía no se ha mostrado.

Frente al tamaño de los desafíos, incertidumbres e incomodidades, el Gobierno luce necesitado de una cintura y una sensibilidad política que a veces parece esquiva.