Ordenan la detención de Mariano Bruera

La jueza de Garantías Marcela Garmendia libró en las últimas horas la orden de detención para Mariano Bruera, hermano del ex intendente Pablo Bruera, luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara un pedido de eximición de prisión interpuesto por su defensa, en el marco de una causa por la que se le imputa “asociación ilícita” junto a otros tres ex funcionarios municipales.

Se trata de una causa por la que desde el 20 de diciembre permanecen detenidos dos ex empleados de la Comuna en la gestión anterior Christian Ybarra y Raul Moratti acusados de “cohecho” y “exacciones ilegales” en la tramitación de rezonificaciones de terrenos para uso del plan Procrear en 2014, pero en la que también están imputados con pedido de detención en suspenso los ex funcionarios municipales Enrique Sette, Roberto Moreno y Gustavo Adrián Petró.

Como publicó este diario, el pasado viernes la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Carlos Argüero, Sergio Almeida y María Riust, confirmó la resolución en suspenso del juez de primera instancia Pablo Raele, por la que el 16 de diciembre rechazaba el pedido de eximición de prisión presentado por Mariano Bruera.

Sin embargo, con el inicio de la feria judicial y la presentación de distintos habeas corpus por parte de las defensas, la decisión de la segunda instancia había quedado en suspenso y recién el miércoles fue girada a la jueza de feria Marcela Garmendia, quien procedió a efectivizar la orden de detención sobre Mariano Bruera, en función de lo considerado por la Cámara y la aplicación del criterio de “doble conforme”, que atiende la coincidencia en las decisiones de dos instancias judiciales diferentes sobre una misma cuestión.

En consecuencia, según se informó, el fiscal que entiende en la causa, Jorge Paolini, ya fue instruido para proceder en las próximas horas.

En tanto, el habeas corpus presentado por la defensa del ex funcionario argumentando que aún falta la instancia de Casación para que la cuestión quede firme, fue rechazada por Garmendia y remitida nuevamente a la Cámara, ámbito en el que hoy Bruera realizará un planteo de nulidad de la decisión adoptada por la magistrada.

La causa fue iniciada en 2014, a raíz de la denuncia de un particular, por la que resultaron imputados los cuatro entonces funcionarios mencionados y los dos ex empleados municipales, acusados de “cohecho” y “exacciones ilegales”.

Sin embargo, a Mariano Bruera sólo se le imputa la presunta participación en “asociación ilícita”.

PLANTEO DE NULIDAD

Según fuentes judiciales, el abogado de Bruera, Alejandro Montone, ya fue notificado de la decisión, algo que el letrado negó.

Montone explicó que Mariano Bruera “no tiene ninguna restricción, no tienen que estar en la puerta de la comisaría ni del juzgado viendo qué decide la jueza. El ya fue a la fiscalía cada vez que hizo falta. No está prófugo y se ajustará a derecho en todo momento”.

El concejal Gabriel Bruera, hermano de Mariano Bruera, anticipó a este diario que hoy la defensa realizará un planteo de nulidad por “exceso de atribuciones” de la jueza, al entender que debió esperar a que la Cámara se expida sobre el habeas corpus presentado, por lo que la resolución que dictó “no está firme”.

“PERSECUCION POLITICA”

El edil denunció que Garmendia, quien “es madre de un alto funcionario del círculo íntimo del intendente, Julio Garro, se excedió en atribuciones judiciales para generar un impacto político”.

Y advirtió que la “gravedad institucional” de la resolución se origina en que ésta “recae sobre la principal fuerza política de la oposición en un año electoral”.

Sostuvo además “la inocencia de Mariano Bruera, que ha sido involucrado en esta causa sin prueba alguna, mediante el invento de una asociación ilícita, dado que no se ha podido comprobar ningún delito”.

Y al insistir en la “politización extrema” con la que “algunos miembros de la justicia actúan”, reiteró que Mariano Bruera “se presentó (ante la justicia) cada vez que se lo han solicitado y aportó todo tipo de pruebas que no han sido tomadas en cuenta, hasta el momento”.

El edil del FpV concluyó que “es sano que la justicia investigue si surge algún tipo de duda, pero debemos hacerlo en estado de derecho, respetando las garantías constitucionales”.