La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) rechazó ayer el incremento de un 50 por ciento que promueve el gobierno de María Eugenia Vidal en el Inmobiliario Rural para el 2018, cuando “millones de hectáreas” del distrito aún están afectadas con agua e inundación.

Así lo expresó el tesorero de Carbap, Horacio Salaverry, quien objetó parte de las modificaciones que dispuso el gobierno bonaerense en su proyecto de ley Impositiva, para el caso de Ingresos Brutos: “la carga tributaria a nivel global para el campo en la provincia de Buenos Aires para el 2018 sube, lo vemos con preocupación”, aseguró.

A modo de ejemplo, Salaverry aseguró que el ajuste propuesto en las alícuotas del Inmobiliario Rural bonaerense “es de un 50 por ciento boleta contra boleta: el que este año recibió una boleta por 100 pesos va a recibir en el 2018 una de 150 pesos: el incremento en todos los niveles da un 50 por ciento interanual”.

El dirigente ruralista de Suipacha refirió que el tema “no había sido anticipado” en las charlas que se mantuvo en el marco de la Mesa Provincial Agropecuaria, cuando hace tres meses se reunieron con el ministro de Economía, Hernán Lacunza; y explicó que esto “es un tema de discusión y hay que buscarle una mirada distinta”.

Atento a la necesidad de la administración de Vidal de elevar a la Legislatura bonaerense el tratamiento del presupuesto para el 2018, si bien hace un par de semanas el ruralismo descontaba que cualquier ajuste impositivo fuera en línea con la inflación esperada, la posibilidad de asumir un nuevo ajuste en las alícuotas del 50 por ciento para el Inmobiliario Rural, encendió las señales de alarma.

“Esto no había sido anticipado”, comentó Salaverry respecto a los contactos que el sector mantiene con funcionarios bonaerenses.

En declaraciones radiales, explicó que “no se quiere desfinanciar a la Provincia, pero cuando se ve que el traslado de la carga impositiva está apuntando a un sector y básicamente a cuestiones patrimoniales, esto causa preocupación”.

“Sabiendo que este año tenemos una provincia con millones de hectáreas bajo agua, con postergación de siembra, tambos que perdieron producción y traslado de hacienda, el año que viene (en materia de tributos) va a ser un reflejo desde lo económico de lo que se hizo en el 2017: por ello un ajuste es tema de discusión”, expresó.