El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos

La Dirección General Impositiva (DGI) presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y la retención de aportes previsionales que no habrían sido ingresados en tiempo y forma al Estado. Según el escrito judicial, el perjuicio fiscal asciende a $7.593.903.512,23 y se vincula con irregularidades detectadas en distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025.

La denuncia fue presentada ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, a cargo del juez Diego Amarante, y se basa en un informe elaborado por la jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Vanina Mariel Vidal. La acción judicial fue impulsada por la DGI, organismo que conduce Andrés Vázquez.

De acuerdo con la acusación, la AFA, en su carácter de agente de retención, habría practicado retenciones impositivas y previsionales sin cumplir con la obligación legal de depositarlas dentro de los plazos establecidos, pese a contar con la capacidad económica y operativa para hacerlo. En ese marco, el organismo recaudador sostuvo que la entidad “conocía su calidad de agente de retención y la obligación de ingresar los fondos correspondientes al fisco”.

Los montos cuestionados

Según la información aportada por la División Recaudación de Grandes Contribuyentes, las retenciones impositivas no ingresadas en término corresponden a los meses de agosto y septiembre de 2025, e incluyen conceptos vinculados al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto a las Ganancias. Ese monto asciende a $916.005.301,41 y, al momento de la presentación judicial, permanecía impago.

En cuanto a las contribuciones a la seguridad social, el informe indica que si bien fueron finalmente ingresadas, el depósito se realizó fuera del plazo legal. Esas retenciones alcanzan los $6.677.898.210,82 y corresponden al período comprendido entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. De este modo, la suma total que el Estado dejó de percibir en tiempo y forma supera los $7.500 millones.

La denuncia señala que los montos involucrados superan ampliamente el umbral mínimo previsto por la normativa penal tributaria, que establece un piso de $100.000 mensuales para la configuración de los delitos contemplados en el Régimen Penal Tributario.

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La DGI encuadró las maniobras investigadas en los delitos previstos en los artículos 4° y 7°, segundo párrafo, de la Ley 27.430, que reprime la apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social. Las penas previstas para estas figuras van de dos a seis años de prisión.

En el escrito, el organismo remarcó que los fondos retenidos “no constituyen recursos propios de los cuales pueda disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”. En ese sentido, advirtió que la dilación en el depósito implica un financiamiento indebido por parte del contribuyente, mediante la utilización de dinero que pertenece al Estado.

La presentación judicial identifica como principal responsable al presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia, en su carácter de máxima autoridad de la entidad y administrador de la clave fiscal. No obstante, la DGI solicitó que la investigación alcance también a “autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores” que hayan intervenido en los hechos denunciados.

El organismo aclaró además que la AFA no registra antecedentes penales previos en el sistema de seguimiento de causas de la DGI, y precisó que la información aportada surge de los registros internos de ARCA, sin perjuicio de otros datos que puedan obrar en poder de la Inspección General de Justicia u otros organismos de control.

La denuncia contra la AFA se conoció en una semana marcada por un fuerte avance de distintas investigaciones judiciales que involucran a dirigentes del fútbol argentino. En ese contexto, la figura de Claudio “Chiqui” Tapia quedó bajo la lupa en causas que analizan la posible existencia de testaferros, el origen de patrimonios millonarios y eventuales maniobras de lavado de dinero.

Desde el organismo recaudador advirtieron que este tipo de conductas afecta de manera directa la actividad financiera del Estado, ya que la recaudación tributaria constituye una fuente esencial para el financiamiento del gasto público y el cumplimiento de funciones básicas. La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existió delito y quiénes fueron los responsables.