Justicia y Conurbano

Difícilmente es aceptable para cualquier administración ceder fondos en favor de otras, pero el peculiar resultado de la reunión del pasado seis de septiembre de las máximas autoridades de todas las provincias argentinas, que cuestionó la acción judicial de la Provincia de Buenos Aires por la que reclama la recomposición del Fondo de Reparación Histórica del Conourbano, implica algunas graves contradicciones.

En primer lugar varias de las provincias allí presentes utilizaron la misma vía para discutir la distribución de ingresos nacionales por el Anses.

CUESTION DE FONDO

Además ninguna de ellas ha cedido históricamente tantos puntos de coparticipación como la reclamante. Y en tercer lugar, ninguna de esas provincias afronta zonas del tamaño, la densidad, la complejidad y el requerimiento de asistencia inmediata, como el Conurbano Bonaerense, siendo además, que el Fondo nació para ello.

Ilustran sobre la justicia de la petición elevada por el Ejecutivo bonaerense ante el máximo tribunal de la Nación los datos duros. Con el tope impuesto por la ley 24.621 de $ 650.000.000, a partir del cual el remanente se asignaba a las otras provincias, en 2016 hasta la Provincia de Tierra del Fuego recibió un monto superior al percibido por la Provincia de Buenos Aires.

REPARTO INJUSTO

Medido per cápita, por ejemplo, cada santafesino anualmente recibió la suma de $ 1.236 y cada cordobés $ 1.169; mientras que a cada bonaerense, le correspondió tan sólo $ 39.

Por la coparticipación, cada santafesino recibe anualmente $1.236 y cada bonaerense apenas $39

Recordemos que en la Provincia de Buenos Aires habita el 38,9% de la población total de nuestro país, y que su producto bruto es el 36,8% del nacional.

Frente a la crítica debe decirse que mucho esperó la Provincia de Buenos Aires para custodiar sus intereses, siendo que ex Gobernadores y senadores ningún reclamo hicieron en tal sentido.

Por ello cobra aún más valor, una defensa que se ensaya dentro del marco republicano encuadrando jurídicamente un conflicto que lleva demasiados años y que tiene que ver con la postergación económica bonaerense frente al resto de las jurisdicciones y la demora en celebrar un Convenio de Coparticipación Federal (artículo 75 inciso 2) y Cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional).

Por lo expresado, la acción judicial ya tuvo un efecto, quiénes vienen demorando tratar este tema desde hace tres décadas, se manifiestan por primera vez y en conjunto, pidiendo resolverlo.

Segundo, existe una administración bonaerense que difiere del servilismo mostrado con anterioridad ante el Gobierno Nacional, dispuesta a discutir un trato equitativo para con sus habitantes.

Tercero, obliga a aquellos gobiernos provinciales que han contado con amplios excedentes fruto de la defección bonaerense, a pensar su propia solidaridad y a revisar cómo administran sus finanzas, para que los recursos sean redistribuidos de una manera más igualitaria.

Finalizando, coincidimos sí en que se debe negociar en el Congreso, siempre que sea de buena fe, de convocatoria inmediata y a concretar en un plazo razonable, culminando en breve término, con una ley consensuada de Coparticipación Federal.

Así se honrará tanto nuestra carta organizativa base, como el federalismo del cual la Provincia de Buenos Aires no solo es integrante, sino Estado fundador.

(*) Abogado y Doctor en Derecho, Docente UBA