El “derecho al olvido” y la Justicia

MIAMI

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por las consecuencias negativas a nivel global que podría tener una posible decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea sobre “derecho al olvido”. La Corte deberá resolver una disputa entre Google y la Comisión Nacional de Informática y de las Libertades (CNIL) de Francia, encargada de aplicar la ley de privacidad de datos. Esta institución pretende que Google, cuando le sea requerido, desindexe contenidos o enlaces en todos los sitios del mundo, no solo en el país de origen donde se originó la petición o en los de la Unión Europea donde existe una directiva general de protección de datos.

La CNIL había sancionado pecuniariamente a Google por no borrar contenidos más allá de Francia. Google, que sí suprime contenidos y enlaces en sitios de la Unión Europea, pero se niega a hacerlo en otras partes del mundo, apeló la sanción ante el Consejo de Estado francés. En julio pasado, el Consejo elevó la disputa a la Corte Europea (CJUE) para su interpretación. El Tribunal, en definitiva, deberá decidir si el buscador está o no obligado a retirar contenidos y enlaces a escala global ante peticiones de autoridades europeas.

En una carta enviada a la CJUE, la SIP advirtió el peligro que podría entrañar la posibilidad de que los contenidos se deban borrar a nivel global. “La aplicación del criterio francés (de la CNIL) podría inducir a países de regímenes represivos y autocráticos a tratar de imponer a nivel internacional las restricciones y censura que aplican en su jurisdicción nacional”.

La SIP, así como lo expresó en octubre de 2016 a la presidenta de la CNIL, Isabelle Falque-Pierrotin, insiste en el peligro de la extraterritorialidad. “La desindexación global es una medida desproporcionada y desmedida, desde que la interpretación y la jurisprudencia que existe sobre el derecho a la privacidad y los atributos de la libertad de expresión y de prensa tienen marcadas diferencias en varios países. Sin ir más lejos, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, así como criterios constitucionales similares en muchos países latinoamericanos, no permitirían lo que Francia pide a Google, debido a que infringirían sus propias leyes”.