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Al Policlínico San Martín y al Rossi se le sumarán los demás centros asistenciales donde se prestaron servicios adicionales de custodia
Ayer EL DIA adelantó en exclusiva que el escándalo de los presuntos desmanejos con las horas Polad había llevado a que un grupo de auditores de Asuntos Internos depositara su atención en los hospitales de La Plata.
Se habló concretamente de los casos del Policlínico San Martín y del Rossi, aunque los voceros consultados por este diario adelantaron que, en realidad, “se están controlando los servicios adicionales de custodia en todos los centros asistenciales de la Ciudad”.
La sospecha apunta a una serie de supuestos desmanejos, que podrían generar una millonaria ganancia a repartir dentro de la estructura de la fuerza.
En principio, de acuerdo a los datos aportados por los informantes, ya habría un efectivo policial en la mira y quien podría ser desafectado de servicio a la brevedad. Aunque no sería el único.
Las anomalías presuntamente detectadas son las de siempre: efectivos que figurarían en planillas de cobro, sin haberse presentado a trabajar, y firmas apócrifas.
“El trabajo que se ha encarado es enorme y digno de destacar. Estamos terminando los informes y en las próximas horas se darán a conocer sus implicancias”, expresó un pesquisa a este medio.
Como se sabe, el antecedente inmediato ocurrió en la seccional más importante de la Ciudad. La de 53 entre 9 y 10.
Allí, el hallazgo de 800 mil pesos y planillas de horas Polad con distintas irregularidades trajo enseguida a la memoria el caso de Patricio Masana, el llamado “suboficial millonario”, que se encargaba de administrar parte de los adicionales en esa dependencia cuando lo detuvieron acusado de participar en el asalto a la familia del intendente Julio Garro.
Según los informantes, Asuntos Internos imputó a los acusados por infracción al artículo 205, incisos “i” y “o” del Decreto 1050/09, reglamentario de la Ley 13.982.
En otras palabras, en lo que se considera una falta grave, les endilgó “un manejo irregular de fondos públicos asignados a una dependencia, para fines ajenos a los legalmente impuestos, de lo que se derive un beneficio patrimonial indebido propio o de terceros, un perjuicio patrimonial o un provecho indebido de los bienes, servicios o trabajos de la institución” y “cometer, por acción u omisión, todo acto que importe una afectación a la ética y la honestidad del funcionario”, indicó un vocero de la pesquisa.
Por el tema de las horas Polad en la primera, desplazaron a un total de nueve jefes policiales, entre ellos el propio titular, aunque sus indagatorias aún se encuentran en suspenso por distintos recursos que plantearon en sede administrativa.
Este caso obviamente tiene su pata judicial, que está a cargo del fiscal Marcelo Martini, el mismo que investigó la llamada causa de los sobres y mandó a prisión a nueve altos funcionarios de la Bonaerense, uno de los cuales murió en la Unidad Nº 9.
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