La Justicia investiga si en el recital del Indio hubo lavado de dinero

El trágico recital que el Indio Solari brindó en Olavarría, donde hubo dos muertos, continúa teniendo repercusiones en la Justicia. Ahora, el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigue si se cometió el delito de lavado de dinero con la recaudación del recital del 11 de marzo último.

Delgado formuló su “requerimiento de instrucción” al juez federal Rodolfo Canicoba Corral ante la denuncia formulada por el presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, Fernando Míguez.

El fiscal sugirió una serie de medidas de prueba para determinar si también hubo evasión tributaria, facturación apócrifa y sobreventa de entradas por parte de la sociedad “En vivo”, organizadora del concierto en el que murieron dos asistentes al show.

El funcionario judicial le pidió a Canicoba Corral que solicite a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informe sobre la sociedad, lo cual incluye el objeto y la actividad con la que está registrada.

La denuncia reporta que se firmó un convenio con las autoridades comunales de Olavarría y que “tras el pago de retornos, el gobierno local habría instruido a la policía para que no intervenga preventivamente y permita que los participantes del evento transiten libremente y consuman estupefacientes quizás vendidos en el lugar”.

El escrito consignó que lo producido en el recital habría sido “lavado” a través de una firma dedicada a la construcción y venta de inmuebles.

Según Míguez, luego los fondos serían enviados a una cuenta bancaria de una sociedad “off shore”.

LA DENUNCIA

La denuncia original fue presentada por Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz, donde menciona a una serie de sociedades, entre ellas la organizadora del recital de Solari en Olavarría, “En Vivo SA”, a la que sindica como que “posiblemente evadió el pago de tributos, realizó facturación apócrifa para evadir impuestos de la AFIP”, además de haber “sobrevendido entradas” para el espectáculo.

De acuerdo con la hipótesis delictiva, “la productora firmó un convenio con la municipalidad. Tras el pago de retornos, el gobierno local habría instruido a la policía para que no intervenga preventivamente y permita que los participantes del evento transiten libremente y consuman estupefacientes quizás vendidos en el lugar”.

El dinero producido en el recital habría sido, siempre según la denuncia, “lavado mediante una sociedad dedicada a la venta y construcción de inmuebles”, con una última etapa que “sería el envío del dinero a una cuenta bancaria a nombre de una sociedad off shore y/o el uso del mercado de los bitcoins”, una suerte de mecanismo de dinero virtual.

Ante esto, el fiscal Delgado le pidió al juez Canicoba Corral que requiera a la AFIP “un informe que contraste con datos oficiales la verosimilitud de los hechos denunciados, es decir si las relaciones societarias denunciadas son tales, si las actividades reales se condicen con las expuestas por Míguez”.

Además, que verifique “si la información disponible en el organismo permite concluir que existen indicios sobre las maniobras de lavado de dinero referidas”.

Durante el recital murieron dos asistentes al show del Indio Solari, quienes fueron identificados como Javier León (42) y Juan Francisco Bulacio (36), ambos de la provincia de Buenos Aires.

INTERPELACIoN

Por otra parte, por su participación en los hechos, el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, fue interpelado por el Concejo Deliberante de Olavarría, donde dijo que la capacidad del lugar donde se realizó el recital donde hubo muertos, heridos y desmanes, “se sobrepasó de forma excesiva”, pero advirtió que “no había manera de prepararnos para lo que pasó”.

“Las cosas no salieron como esperábamos. La capacidad del lugar se sobrepasó de forma excesiva. El recital estaba pensado para 155.000 personas, era la cantidad de entradas autorizadas, la capacidad que tenía el predio”, señaló Galli durante su exposición.

La interpelación se llevó adelante en el salón Rivadavia del cuerpo legislativo, donde el jefe comunal debió responder a más de 300 preguntas que indagaron sobre la organización del recital y el papel que tuvo la intendencia de Olavarría.