Un paso positivo en la lucha contra la venta ambulante

El operativo policial realizado anteayer que permitió detener a ocho personas acusadas, presuntamente, de extorsionar a puesteros del Parque Saavedra, a quienes le habrían cobrado durante un largo tiempo una suerte de “alquiler” para instalar sus puestos en ese paseo, permitiría por primera vez poner en blanco sobre negro la presencia de mafias que regentean la venta ilegal en La Plata.

Se ha advertido reiteradamente desde esta columna sobre la existencia de organizaciones que se arrogarían el derecho de cobrar una suerte de canon por espacios del dominio público. En el caso del parque Saavedra, según se dijo, los puesteros estaban obligados a pagar entre 400 y 1.800 pesos por puesto y por fin de semana.

Esos puesteros, al ver que en el lugar apareció en las últimas semanas una fuerte “competencia” de nuevos vendedores ambulantes –que habían sido desplazados por la Comuna de la feria de plaza Alsina- se presentaron ante las oficinas municipales para denunciar esa situación. A partir de allí, se ordenó colocar cámaras y se inició un monitoreo que permitió detectar los pagos que debían efectivizar los puesteros a un grupo de personas. La Comuna presentó, entonces, una denuncia penal ante la Fiscalía 7, que fue la que ordenó los operativos.

Se precisó que los puesteros del Parque habrían admitido que ellos aceptaron durante mucho tiempo pagar el “alquiler” del espacio, pero ocurrió que los indignó el hecho de que cuando la Comuna erradicó la feria de plaza Alsina, en mayo pasado, la mayoría de los manteros que ahí estaban se mudaron al espacio verde de 12 y 66 y el parque fue literalmente invadido por una competencia que consideraron “desleal”. Los procedimientos y allanamientos realizados por la Policía Federal en tres domicilios de nuestra ciudad derivaron en la detención de ocho personas.

Según trascendió, se estima que en total serían unos 300 los puestos que manejaba la organización. Una simple multiplicación permite estimar la voluminosa recaudación mensual con la que se alzarían los “gerentes”. El costo que se cobraba por cada espacio dependía de su ubicación en el parque. Fuentes oficiales agregaron que los procedimientos demoraron ya que las propiedades que revisaron son de grandes dimensiones, funcionan como depósitos y había mucho que revisar.

Resulta paradójico que los puesteros hayan decidido denunciar por “competencia desleal” a otras personas que, como ellos, se dedican también a la venta ilegal, sin pagar ninguno de ellos los impuestos y tasas que paga el comerciante regularmente instalado y que es la verdadera víctima de esta historia.

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No existen dudas, como se ha dicho ya tantas veces, que a falta de otro trabajo, quienes se dedican a la venta informal buscan una fórmula para subsistir y atender a sus necesidades. Sobre este punto, se ha dicho también siempre, es el Estado el que debe intervenir para encausar y resolver esas emergencias de tipo social.

Debe también ponerse de relieve que existían muchos y vehementes indicios – desde hace largos años- acerca de que detrás de la venta ambulante en la Ciudad funcionaba una estructura que se encarga de “ubicarlos” y abastecerlos con mercadería, a cambio de un canon mensual.

Lo que quedaría de valioso de estos operativos es la detección de grupos que no sólo se aprovecharían de las penurias que atraviesa mucha gente, sino que también se habrían atrevido, tal como lo señalaron fuentes de la investigación, a tomar posesión de bienes que son públicos y cobrar un alquiler por ellos, en una situación tan inaudita como merecedora de sanción. Es de esperar, entonces, que a partir de ahora disminuya en forma drástica la venta ambulante en La Plata, que tantos perjuicios socioeconómicos causa.