Fijan plazo de 90 días para regular el uso de agroquímicos en zonas urbanas

El Gobierno formalizó esta semana la creación de un grupo de trabajo interministerial que tendrá 90 días de plazo para establecer las políticas de regulación del uso de agroquímicos, en especial en cercanías de zonas pobladas.

La medida, que ya genera debate entre entidades ambientalistas y productores, tendría un especial impacto en nuestra región, considerada, según distintos informes, como una de las que concentra mayor peligrosidad por el uso de estos productos.

Tanto es así que tiempo atrás un estudio reveló que la mitad de los productores hortícolas de la Región aplica productos de las más altas categorías tóxicas y algunos recurren incluso a insecticidas prohibidos desde hace años en el país, como es el caso del DDT.

La reglamentación de la ley nacional obligará a los productores a seguir una serie de procedimientos para reciclar los envases de productos fitorsanitarios, normativa formalizada el martes.

La resolución 1/2018, publicada en el Boletín Oficial, dispone que “las actividades de aplicación de productos fitosanitarios para la agricultura en la actividad agrícola en general, y en especial en zonas de amortiguamiento o buffer, deben realizarse conforme a buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de control y monitoreo adecuados”.

“Al no existir marcos generales, los productores toman decisiones apresuradas

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Gabriela Levitus, Integrante de Argenbio

“Promover prácticas y cultivos que no requieran el uso de compuestos que incluyen venenos”.

Manuel Jaramillo, Ingeniero, ONG Vida Silvestre

Los objetivos del grupo de trabajo serán “elaborar los principios que deben regir las políticas públicas nacionales de sus respectivas competencias, sobre las aplicaciones de fitosanitarios en la agricultura y la alimentación”, además de “formular recomendaciones respecto de cómo mejorar la adopción de las buenas prácticas de aplicación” y “los sistemas de control y monitoreo” a esa actividad.

La medida apunta a encontrar un criterio homogéneo en materia de regulación de las aplicaciones de agroquímicos, uno de los temas de mayor debate público entre productores y asociaciones ambientalistas

Actualmente suman 22 las provincias que han dictado leyes o normativas específicas sobre agroquímicos que a la vez se superponen con una gran cantidad de ordenanzas municipales. En este enjambre normativo, hay zonas donde los productores tienen prohibido aplicar insumos químicos en un radio de hasta 2.000 metros alrededor de los pueblos, mientras que en otras están directamente vedadas las fumigaciones aéreas.

En 2015, un estudio alertaba que lo que más influye para que La Plata sea una zona de alta peligrosidad es el avance en ella de un modelo de producción basado en invernáculos.

repercusiones

En ese marco, las entidades que integran la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) celebraron que el Gobierno formalizara la medida, mientras que ambientalistas manifestaron reparos y llamaron a promover cultivos que no usen pesticidas.

“Celebro que se haya creado, es la primera vez que los ministerios involucrados se sientan con las entidades. Es incumbencia del Estado definir estas cuestiones”, dijo a Gabriela Levitus, directora del Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (Argenbio), integrante de la BPA.

Levitus señaló que la cuestión a resolver son las aplicaciones: “hay que mejorar las prácticas agropecuarias porque, al no existir marcos generales, los productores toman decisiones apresuradas y con falta de fundamento técnico”.

En tanto, Manuel Jaramillo, ingeniero forestal y representante de la ONG Vida Silvestre, sostuvo que es necesario “promover prácticas y cultivos que directamente no requieran el uso de compuestos que incluyen venenos”.

El dirigente destacó que “es sumamente importante que desde el gobierno se promuevan las buenas practicas ambientales” pero advirtió que “es muy complejo definir condiciones generales por las diferencias climáticas, topográficas y de calidad del lugar en particular”.