La Justicia ordenó hoy la intervención de la obra social del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), gremio que era conducido por Marcelo Balcedo, el empresario platense detenido desde el 4 de enero en Uruguay, que ya aprobó su extradición al país.
La intervención de OSTEP obedece a las irregularidades detectadas en las prestaciones y los pagos a los proveedores, entre otras falencias. Además, se dio orden para que Gendarmería allane los dos domicilios que OSTEP tiene en capital federal.
Los interventores habrían hallado inconsistencias importantes entre lo que depositó el gremio en las cuentas sueldo y lo que figuraba en la liquidación, de lo que se desprende que parte del salario de los trabajadores se habría pagado en negro, según un informe periodístico. Incluso los sueldos ni siquiera alcanzarían a cubrir el salario mínimo, vital y móvil. También da cuenta de presuntos pagos sin facturar que superarían los 50 millones de pesos desde Soeme al Diario Hoy, medio del cual el propio Marcelo Balcedo era su director.
Por otro lado, habría quedado al descubierto que los afiliados a la obra social no tendrían grandes beneficios pese a que les descontaban mensualmente una importante cantidad de dinero, y que empresas que no estaban vinculadas a SOEME, pese a que el sindicato tenía la facultad de hacerlo, otorgaban préstamos a tasas altísimas.
Estas serían entidades financieras a manos de privados que por intermedio del gremio prestaban dinero a los trabajadores y así recaudaban las cuotas por intermedio de un código de descuento directo en el recibo de sueldo, y que además habrían sido cedidos sin los requisitos formales (aprobación de la asamblea y se efectuaban en una escribanía o sede bancaria).
La maniobra consistía en ceder a una entidad un código de descuento y ésta entregaba préstamos obteniendo el cobro de forma directa del salario de los trabajadores. Es por ello que el gremio casi no sacaba rédito de los créditos que sacaban sus propios afiliados.
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