El rojo fiscal reaparece en medio de un complicado debate sobre las tarifas

Por RICARDO ROSALES

La crisis de las tarifas fue útil para algo más que el debate político y de los subsidios: no se trata sólo del costo real de los servicios, sino de la carga tributaria que recaudan los municipios, las provincias y la Nación. Aproximadamente un tercio de las facturas son impuestos. En algunas localidades incluso más, ya que se incluyen tasas locales como de Barrido y Limpieza, Alumbrado y otras. Nada que ver con el servicio que pagan los usuarios de luz o gas, aunque la práctica es generalizada a otros servicios, como el telefónico o el agua.

La distorsión es de tal magnitud que, probablemente se avance poco. Los municipios tienen ingresos cautivos por esta vía, que de lo contrario tendría que cobrar con otras boletas específicas. Igual las provincias que cobran Ingresos Brutos a los usuarios de estos servicios, o el impuesto a lo débitos y créditos bancarios, que es nacional y no correspondería, pero también se traslada.

Aunque en medio de la intención, aparece otra negociación más urgente para el gobierno de Mauricio Macri: convencer a los gobernadores que financien el pago de las facturas de gas en tres cuotas, porque se cobrarán intereses. En otros lugares, como en Ontario, Canadá, se aplica un esquema denominado Equal Billing Plan, que consiste en cobrar una suma mensual por un período de 11 meses, estimado en base a su consumo anterior. Y las diferencias se cobran o compensan con el mensual número 12. De esta manera se evitan los picos entre el invierno y verano y el pago se hace previsible y transparente. En la Argentina se podría haber intentado un sistema similar a fin de evitar la montaña rusa de las tarifas. Aunque es claro que la inflación conspira contra esa chance. Con precios que suben al 20 % y varios ajustes anuales de las tarifas para recuperar los atrasos, los ingresos no son lo mismo al inicio del año que al final.

El rojo fiscal, en definitiva vuelve a aparecer sobre el debate de las tarifas. El ministro Aranguren recortó los subsidios que heredaron de la era K, pero aún queda camino por recorrer. Restarían aún por los menos unos 200.000 millones de pesos, la mayoría concentrados en la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Y como este debate es también electoral, se abren interrogantes acerca de si el presidente Macri mantendrá los planes de Aranguren, o decidirán moderar lo que resta. Por ejemplo, con los ajustes previstos en las tarifas de transporte. Si prevaleciera el interés político de no castigar más a los sectores medios, puede que la eliminación de los subsidios a los servicios públicos se prolongue hasta el 2020.

La crisis de las tarifas del gobierno PRO con sus aliados radicales y la Coalición Cívica, dejó otras conclusiones no menos interesantes. La primera es que en este terreno, la administración de Macri no puede retroceder. No sólo por el rojo fiscal, que volvería a subir, abriendo los peores presagios. Sino por los compromisos de contratos y certeza jurídica para obtener inversiones en el negocio de la energía. Y en particular, porque lo que ocurre con la energía está en el centro de la atención de los negocios del exterior, con algún interés en desembarcar en la Argentina. Dar marcha atrás, quebraría las expectativas positivas cosechadas afuera.

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Otra conclusión tiene que ver con la visibilidad del reclamo social con las tarifas. La mayoría de las encuestas refleja el descontento con los ajustes de la electricidad, el gas o las naftas, que aumentaron aún más en los últimos seis meses. Aunque el malestar social básicamente surge con la inflación, que viene de cuatro meses de alza y con más énfasis en los sectores medios que habían votado por el oficialismo en octubre pasado. Pero fue la oposición y, en especial, la interna en el oficialismo, con el gobernador Cornejo y Lilita Carrió a la cabeza, quienes llevaron el tema al primer plano de la agenda nacional.

¿Qué significado o interpretación tiene esto? El ciudadano común no está conforme ni satisfecho con los ajustes de tarifas. El porcentajes de sus ingresos que ahora van a pagar estos servicios se ha duplicado respecto de los años kirchneristas. La tarifa social debiera estar morigerando este efecto a los sectores más vulnerables. Pero no a los sectores medios, con mayores ingresos, de capital federal y el Conurbano que están recibiendo los nuevos valores a pleno. El malestar advertido por las encuestas no llega a la calle de igual manera, pero podrían erosionar la base electoral de oficialismo. También se advierte otra percepción, que el ajuste de los servicios era inevitable.