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El centro de La Plata fue escenario ayer de una dramática salidera bancaria que se registró nada menos que en la vereda de la casa matriz del Banco Provincia, en la que la víctima resultó baleada y herida en una pierna por dos delincuentes que lo interceptaron y que luego huyeron, inexplicablemente, tras haberse registrado un intercambio de disparos con efectivos policiales. Una profunda conmoción se hizo cargo del lugar, cruzado por corridas y tiros, en un horario que se caracteriza por la gran cantidad de público presente en las calles, en los negocios y en los propios bancos de la zona.
Corresponde, por cierto, advertir que anteayer, también en nuestra ciudad y a sólo unos cien metros del episodio ocurrido en la víspera, un empleado de la Legislatura fue víctima de una salidera bancaria cuando se retiraba con 36 mil pesos de la misma sede del Banco Provincia, según se informa con amplitud en otras páginas de este diario.
A dos años y medio de gestión de la actual administración provincial, corresponde expresar que, lamentablemente, no cede la ola de inseguridad que se abate sobre nuestra región y que ha convertido al propio centro de La Plata en tierra de nadie, con una delincuencia que no trepida en matar y, también, con bandas de menores que se pasean, impunes y a toda hora, cometiendo toda clase de robos y desmanes. No hay patrullajes ni suficiente presencia policial en las calles. En el microcentro flamean las tristes banderas del delito y de zona liberada.
Además, pese a ese tiempo transcurrido desde la asunción de las actuales autoridades, existe la impresión de que no hay planes de seguridad consistentes ni que, por consiguiente, aparezcan las soluciones reclamadas por los distintos vecindarios, sean de los que viven en el propio centro como en los barrios y localidades de la periferia, sometidos e indefensos frente al azote de la delincuencia. La vida familiar, la social y la comercial de nuestra región se encuentran profundamente afectadas por ello.
Preocupa mucho la falta de un rumbo certero para la institución policial, tironeada en las dos últimas décadas por políticas pendulares que oscilaron, sin solución de continuidad, entre dos extremos tan ruidosos como ineficaces: la mano dura y el garantismo. ¿Cómo no recordar que se sucedieron, uno al otro, ministros de Seguridad que fueron líderes de esas corriente contrapuestas, uno como propulsor del gatillo fácil y otro del policía sin armas? La población bonaerense pagó muy caro por esas marchas y contramarchas. Y lo sigue pagando ahora, por los errores inexplicables e injustificables que se suceden.
No está claro cuál va a ser el destino de las recién creadas policías locales o municipales. Se habló en las últimas semanas de una eventual provincialización de esas fuerzas, en tanto que algunos intendentes reclamaron disponer de ellas en forma autonómica. Tampoco se ofrecieron conclusiones o balances válidos para poder ponderar debidamente sobre la efectividad de esas fuerzas.
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Sigue también sin concretarse la puesta en marcha de la Policía Judicial, sancionada ya y reglamentada. La Provincia no cuenta con grupos especializados en la investigación de delitos complejos. Los ampulosos anuncios sobre políticas judiciales relacionadas a temas de seguridad resultan, a la postre, tan erráticos como inconducentes. Sigue siendo tan elevado como siempre el porcentaje de delitos no esclarecidos. No pareciera que, en esa área tan delicada de la seguridad como lo es la Justicia, se vengan concretando avances.
En ese contexto de irresoluciones no alcanzan a entenderse algunas declaraciones formuladas por los máximos responsables de la seguridad en la Provincia. El ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, al ser consultado sobre la elevada cantidad de presos en las comisarías, dijo la semana pasada: “Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados, y no afuera perjudicando a la gente”.
Es de lamentar que el funcionario deje de lado que, por imperio de leyes sancionadas y fallos convalidatorios de tribunales superiores, está prohibida la permanencia de detenidos en las comisarías y que, en cambio, es obligación del Gobierno provincial cumplir con esas mandas, además de ofrecerle a los presos, en lugar de hacinamiento, condiciones dignas de detención. Si bien se conoce que desde hace décadas faltan suficientes plazas carcelarias, las declaraciones del Ministro fueron desafortunadas.
También resultaron llamativas e improcedentes las expresiones del Jefe de la Policía provincial que, al admitir que los hurtos y robos crecieron en cantidad, atribuyó ese fenómeno a un problema social ligado al apremio económico. Lo que la sociedad espera, en especial la población platense, es que este oficial se ocupe desde su elevado cargo en asegurar una mayor tranquilidad en el centro de La Plata, pero ni siquiera puede lograr eso. Ni hablar de lo que ocurre en los barrios y localidades vecinas.
Lo cierto es que la población platense continúa acosada por una actividad delictiva, cuya intensidad y persistencia dejan a la vista los fracasos oficiales en el manejo del tema de la seguridad.
Ya se ha dicho en esta columna que no existen -para un tema tan complejo como el de la seguridad- soluciones mágicas ni panaceas. Pero la simple voz de los vecinos, de quienes conocen a fondo la vida de los barrios y muchos de ellos, además, que recuerdan el eficaz servicio que prestaba la policía décadas atrás, justamente cuando más estrecha era la relación entre las comisarías y los vecindarios, pareciera marcar un rumbo que las autoridades debieran explorar. Sin embargo, da la impresión de que en el Gobierno provincial no se han notificado de esta alternativa.
Se ha experimentado tanto en los últimos años, se han forzado tantas marchas y contramarchas a partir de concepciones doctrinarias opuestas, que nada costaría con darle curso a estas sugerencias, que surgen del simple sentido común de los protagonistas de la vida social y que cuentan, además, con el antecedente de haber resultado exitosas en países que se caracterizan por la excelencia de sus fuerzas policiales. Los delitos más complejos en Francia –como un atentado con bombas en el subte de París- fueron esclarecidos merced al aporte de la policía local, que obtuvo valiosos testimonios en un barrio.
Es también verdad que la seguridad de la población es un valor que no puede depender, exclusivamente, de la Policía, ya que, en mayor o menor grado, todos los organismos del Estado –y la propia sociedad- tienen mucha injerencia en esa materia. Sin embargo, también es cierto que el deber principal de la Policía es preservar el orden y evitar la comisión de delitos en la vía pública. Y que esa obligación no la está cumpliendo en debida forma. Mientras tanto, los vecinos –los del centro, los de los barrios, los de localidades vecinas- siguen pagando los platos rotos.
“Preocupa mucho la falta de rumbo certero para la Policía, tironeada desde hace décadas por políticas pendulares”
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