Milagro Sala se desmayó en la casa donde cumple la prisión

La dirigente social y diputada del Parlasur Milagro Sala, detenida desde hace dos años y medio por diversas causas, fue encontrada ayer inconsciente en el lugar en el que cumple prisión domiciliaria y trasladada a un hospital en la capital de la provincia de Jujuy.

Tras ser atendida, Sala se encontraba anoche “entubada y estable”, según informó el Comité creado para pedir su libertad, que añadió que “se estudian” las causas que produjeron su desmayo.

Desde el Comité hicieron responsable a la Justicia de la provincia norteña por mantenerla en “un lugar alejado de la ciudad (San Salvador de Jujuy, donde residía), sin señal telefónica y con dificultades en el acceso a los médicos”.

Los servicios de urgencia tardaron 40 minutos en llegar al inmueble en el que permanece detenida, según denunciaron, y reiteraron su petición de que Sala pueda cumplir prisión domiciliaria en la vivienda que ella elija.

La concesión de prisión domiciliaria para la diputada del Parlasur fue ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una medida respaldada por la Corte Suprema de la Nación.

Milagro Sala permanece detenida desde enero de 2016 por varias causas; la oposición la ha definido como presa política, y organizaciones como Amnistía Internacional han emitido críticas contra su arresto.

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Para la jornada de ayer estaba prevista la cuarta audiencia del juicio por supuesto fraude en un programa de construcción de viviendas, en el que Sala está acusada de asociación ilícita, malversación de fondos y extorsión como dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru.

La semana pasada la dirigente cercana al kirchnerismo protagonizó un incidente en el tribunal: insultó a las juezas a cargo de la causa conocida como “Pibes Villeros” y fue retirada de la sala de audiencias.

En esta causa está complicada tras salir a luz videos en los que se vio cómo allegados a su organización social retiraban en bolsos de un banco hasta 14 millones de pesos, poco antes del cambio de gobierno de 2015, y como paga de las viviendas sociales que cooperativas asociadas a su organización supuestamente habían construido en localidades jujeñas.