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Editorial

Ningún sector puede arrogarse el derecho de impedir el tránsito

Anteayer volvió a quedar expuesto en la Ciudad el manifiesto desdén de algunos sectores hacia el respeto irrestricto que se le debe al espacio público, reflejado en la multiplicidad de cortes de calles causados en distintos puntos por grupos que así quisieron, una vez más, traducir sus protestas. Tal como se informó, miles de conductores de vehículos y de pasajeros de los distintos medios de transporte se vieron obligados a enfrentar una jornada caótica.

Como bien se dijo, entre protestas sectoriales y las clases públicas que, por ejemplo, ocuparon algunas cuadras de la calle 1 frente al Colegio Nacional y la facultad de Ingeniería, fue finalmente acertado calificar como un verdadero infierno transitar por una ciudad plagada de vallas y desvíos. En el caso de los estudiantes, cuesta realmente entender si los profesores y autoridades educativas consideran que, con esas actitudes, contribuyen a la mejor formación de los jóvenes.

A ese panorama se le podría sumar el fenómeno del estacionamiento en doble fila y –en base a una nueva modalidad que, al parecer, se impone tan caprichosa como descontrolada- la decisión de algunos particulares de cortar una cuadra con sillas u otros elementos improvisados, para permitir que algún camión realice alguna tarea de descarga, tal como ocurrió el miércoles a mediodía en 61 entre 11 y 12.

En cuanto a los cortes causados por diversas protestas, se iniciaron a hora temprana al vallarse la subida y bajada de la Autopista La Plata-Buenos Aires, inaugurándose así una jornada más en la que distintos piquetes mantuvieron virtualmente sitiada a la Región, en directo perjuicio de la población que atravesó serias dificultades para llegar a sus trabajos o a diversos destinos.

A grandes rasgos debiera decirse que los caminos y calles existen desde siempre para que la gente circule con libertad por ellas, sin que nadie pueda ni deba arrogarse el derecho de impedirlo.

En este sentido, se ha dicho en forma reiterada que nada - salvo la falta de sentido común- debiera impedir que los reclamos ante las autoridades puedan realizarse, sin que restrinjan por completo el libre tránsito por las calles. Con sólo ocupar un carril y no la totalidad de la calzada, podrían compatibilizarse perfectamente ambos derechos: el de peticionar ante las autoridades y el de garantizar la libre circulación. Así ocurre en los países en donde rige un armónico equilibrio entre los derechos sociales y los individuales, sobre la base de que ambos deben ser respetados en plenitud.

Tanto las autoridades locales, como provinciales y nacionales parecen ignorar estos principios y, en consecuencia, ni siquiera existe un tipo de orden mínimo que pueda atenuar las consecuencias propias de los cortes, que suelen derivar en incidentes cuando se enfrentan los derechos individuales con los sociales. Es el Estado, entonces, el que debe garantizar la plena vigencia de ambos.

Debe insistirse en que no se pone en duda la alternativa de que distintos sectores sociales puedan ejercer el legítimo derecho de peticionar a las autoridades. Pero esos derechos no pueden ejercerse sobre la base de impedirle a la población el ejercicio pleno de sus facultades ciudadanas.

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