En la provincia de Buenos Aires, el sector privado cargará con el peso mayor del ajuste

La crisis económica se siente con fuerza en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno nacional busca estabilizar el valor del peso y tranquilizar a los mercados, las últimas medidas que adoptó recaerán sobre las espaldas del sector privado bonaerense. En tanto que la administración provincial deberá recortar unos 25.000 millones de pesos en el Presupuesto del año próximo.

Así lo precisaron a EL DIA distintas fuentes oficiales, que estimaron que entre el sector agroexportador y la industria radicada en la Provincia, acumularán retenciones por unos 100.000 millones de pesos en 2019. La proporción entre el esfuerzo del sector público y el privado será entonces de 1 a 4. El menor ajuste estatal se deberá, entonces, al aumento de las retenciones.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el campo bonaerense pagará retenciones el año que viene por unos 1.000 millones de dólares, que se sumarán a otros 300 millones de la divisa norteamericana en lo que resta de 2018. El sector industrial, en tanto, abonaría unos 1400 millones de dólares en todo el período. En especial, las que tributarán serán las automotrices.

La Casa Rosada prometió que la imposición generalizada de retenciones será en forma transitoria, para que el país pueda hacer frente a su programa financiero el año que viene.

Esos recursos que saldrán de las compañías bonaerenses serán chupados por las arcas nacionales. También es cierto que esos sectores empresarios vinculados a la exportación se benefician con la devaluación.

Un ministro de la administración de María Eugenia Vidal deslizó que ahora el valor hora-hombre en la industria metalmecánica se emparejó con la que se paga en Brasil, estimada en 12 dólares, contra 8 dólares que se abonan en México. Hasta el momento, el sector pagaba 20 dólares la hora, al costo de perder unos 45.000 trabajadores y tener a otros 10.000 suspendidos, según SMATA.

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En medio de una crisis de proporciones, en la que el propio Gobierno nacional estima que el nivel de actividad terminará cayendo este año un 2,6% y con una inflación en torno al 40% anual, el Gobierno de la Provincia también tendrá que hacer un ajuste.

Fuentes oficiales indicaron a este diario que el recorte redondeará unos 25.000 millones de pesos. Aunque eso sería de base.

De esa cifra global, el gasto mayor que deberá afrontar la administración bonaerense será por la transferencia de una parte de los subsidios al transporte en la región metropolitana –que abarca al Conurbano y a la ciudad de Buenos Aires-, que hasta ahora financia la Nación.

Un colaborador directo de la gobernadora Vidal afirmó que el Estado provincial destinará $20.000 millones.

Los otros 5.000 millones de pesos, en tanto, son estimados sobre las partidas destinadas a la tarifa social eléctrica, que por el momento también están a cargo de la Nación, pero que en el Presupuesto de 2019 pasarán a la Provincia y la capital federal. Ya se sabe que ambos distritos tendrán jurisdicción sobre las compañías de provisión de energía eléctrica Edenor y Edesur.

Por ahora de esos 25.000 millones de pesos, la Provincia ya perdió otros $7.734 millones –calculados entre 2018 y 2019- por la eliminación del denominado Fondo Sojero, en una medida que en rigor perjudicó más a los Municipios, destinatarios del 68% de esas partidas. De hecho, ayer un grupo de intendentes llevó ese reclamo hasta las propias puertas de la Casa Rosada.

A modo de compensación, aunque de manera limitada, el Gobierno nacional anunció un aumento de los fondos sociales que destina a la Provincia.

La ministra de Desarrollo Social, Salud y Previsión, Carolina Stanley, anticipó que habrá un bono especial de fin de año y un incremento para la Asignación Universal por Hijo. En territorio bonaerense, el plan tiene 1,5 millón de beneficiarios.

VIDAL ENCABEZÓ DOS REUNIONES DE GABINETE

La gobernadora Vidal encabezó ayer dos reuniones de Gabinete. La primera con todos los ministros, por la mañana, y la segunda dedicada especialmente al área social de su gestión.

Allí, de acuerdo a fuentes gubernamentales, se analizaron los planes en desarrollo, la instrumentación de la ayuda alimentaria y los potenciales focos de conflicto, pero descartaron un estallido social.

“No es un escenario que veamos posible, por cuestiones objetivas”, aseguró a EL DIA un ministro del Gobierno provincial.

Es que la Casa Rosada y también Vidal ya definieron volcar asignaciones presupuestarias en el Conurbano y otras ciudades consideradas como potenciales focos de conflicto, como Mar del Plata.

Mientras tanto, el ajuste recaerá mayormente en el sector privado.