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Macri justificó la medida, que debe ser refrendada por el Legislativo: “Hay que recuperar más rápido lo que se robaron y destinarlo a obras”. El Senado el año pasado había aprobado un proyecto pero quedó trabado en Diputados
El presidente Mauricio Macri durante el anuncio/AP
El presidente Mauricio Macri anunció la firma de un decreto para aplicar la extinción de dominio, el instrumento jurídico que permite que los bienes y dinero procedentes de la corrupción, narcotráfico y otros delitos pasen a manos del Estado. Y esta mañana ya fue publicado en el Boletín Oficial.
Macri dijo en un acto oficial en la Rosada que firmará el decreto de necesidad y urgencia para “recuperar más rápido los bienes que la corrupción, la trata de personas y el narcotráfico se robaron” y usarlos en beneficio de la ciudadanía en distintas obras y proyectos.
“En Argentina hoy el que las hace las paga”, dijo el mandatario, que justificó la medida en que la justicia penal actualmente tiene procedimientos “muy lentos” para que el Estado pueda convertirse en titular de los bienes obtenidos por medio de actividades ilegales. Asimismo indicó que un proyecto al respecto está estancado en el Congreso desde hace tres años por las diferencias de parecer entre el oficialismo y el peronismo opositor.
El jefe de estado argumentó que la Justicia necesita este mecanismo “ya mismo” y que “no alcanza con condenar a quienes lideran estas bandas criminales... Hay que atacar su poder económico”. Agregó que no es sólo dinero lo que se puede recuperar, sino “casas, autos, campos, obras de arte”.
Los bienes recuperados, subrayó, se podrán “subastar y destinar a políticas públicas fundamentales” para el país. “Los delincuentes, los mafiosos y los corruptos no tienen límites, son capaces de cualquier cosa”, advirtió el mandatario.
Posteriormente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó a periodistas que el decreto contempla un procedimiento ágil para que los fiscales puedan plantear ante el fuero civil y comercial federal “la recuperación de estos activos de las mafias, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos de corrupción y la criminalidad organizada en general”, que previamente han sido secuestrados en procesos penales.
Garavano detalló que se creará una nueva procuraduría que actuará en el marco de un proceso civil y comercial, donde “se le va a dar traslado a la persona (investigada) para que justifique los bienes”. Indicó que se contemplan “amplias garantías para personas que tienen bienes de buena fe”.
“El que las hace, las paga. Los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron”
Mauricio Macri,
Presidente de la Nación
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló que el decreto se enviará al Congreso para que sea respaldado y se mostró convencida de que “ningún diputado estará en contra” al apuntar que “todos los días se pierden millones de pesos... por la lentitud de los procesos penales y en ellos se decomisan bienes pero no se extingue el dominio” para que aquel que tenga “un título de propiedad deje de tenerlo”.
La iniciativa había sido reclamada en diciembre por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió.
El denominado proyecto de ley de “extinción de dominio” era impulsado por el Gobierno desde la llegada de Macri a la Casa Rosada.
La medida se anunció en pleno año electoral. Macri, quien afronta una crisis económica y un incremento del desempleo y la pobreza, aspira a ganar las elecciones de octubre y renovar su mandato por otros cuatro años. El mandatario ha hecho de la lucha de la corrupción una de sus banderas.
Bullrich dijo que el régimen podrá ser aplicada en forma retroactiva, a bienes comprados a partir de delitos cometidos desde quince años atrás en adelante.
Hasta ahora, solo la justicia penal podía determinar la expropiación de un bien adquirido como producto de delitos graves como la corrupción o el narcotráfico, pero esto luego de un largo proceso y con sentencias en firme.
El Senado aprobó en agosto de 2018 una iniciativa sobre la extinción de dominio impulsada por el peronismo opositor y resistida por el oficialismo, ya que no contemplaba la vía civil para iniciar un juicio y obligaba a que existiera una condena de primera instancia contra el acusado en sede penal para activar un proceso que permitiera recuperar lo apropiado ilegalmente.
La iniciativa aprobada debía ser revisada por la Cámara de Diputados a fines del año pasado pero el proceso se estancó.
El proyecto de la denominada “ley de extinción de dominio” fue aprobado en junio de 2016 por Diputados y recién fue aprobado en agosto pasado por el Senado, aunque con modificaciones sobre la iniciativa original.
Por ello, el proyecto retornó a la Cámara baja, donde no avanzó.
“Los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”
Patricia Bullrich,
Ministra de Seguridad
La iniciativa aprobada por el Senado establecía que la incautación de los bienes se ejecute sólo una vez que exista una sentencia de primera instancia, cuestión rechazada por Cambiemos, que había presentado un dictamen propio, ya que consideraba que debe otorgarse al fuero civil la potestad de dictar la medida antes de que haya condena.
El decreto deberá ser sometido al visto bueno de una comisión especial del Poder Legislativo. En la oposición ya causó malestar que se haya elegido esa vía.
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