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Según se conoció en las últimas horas, el jefe de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI), Guillermo Berra realizó una presentación judicial contra una fiscal platense por el presunto delito de “acción pública”, que sanciona “al que impidiere o estorbare a un funcionario público cumplir un acto propio de sus funciones”, se informó oficialmente.
Se trata de Cecilia Corfield, quien en octubre allanó las oficinas de ese organismo de control por la declaración que aportó el ex comisario general Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa que resultó desplazado por enriquecimiento ilícito e investigado por lavado de activos.
Martín acusó a Berra de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Fue en este marco que la fiscal Corfield solicitó allanar las oficinas de AGAI en el Centro de La Plata, medida que fue aprobada por el juez Atencio y que se concretó el pasado 22 de octubre.
Así, los representantes legales de Berra se presentaron ante el fiscal general Héctor Vogliolo para entregar un documento en el que Berra argumentó que su “actividad de investigación patrimonial” está “avalada y respaldada por normativa provincial”.
En el escrito se indica también que le endilga a la fiscal una “conducta ilícita” al tomar “la iniciativa por el mero pedido de un denunciante (investigado por AGAI)” sin haber solicitado previamente esa información mediante “oficio y/o cualquier otra comunicación fehaciente”.
“Hacer un allanamiento a un organismo de control” requiere “cuanto menos alguna prueba o grado de certeza que permita sospechar que el personal que allí reviste está cometiendo un ilícito”, advirtió, “no solo por el peligro de que esa herramienta sea luego utilizada por los 30.000 efectivos policiales que han sido investigados en Auditoría, sino por la filtracion de información confidencial que se encuentra en el organismo, toda vez que las investigaciones sumariales de Asuntos Internos son secretas hasta el acto de imputación”.
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