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El abogado defensor de la víctima de “porno venganza”, Sebastián Andrada, anticipó hoy que el próximo martes se reanudará en La Rioja el juicio con la declaración testimonial de la madre de la joven, una amiga y dos o tres testigos que pueden ser de la querella, la fiscalía o del acusado.
Este juicio oral y público comenzó ayer como uno de los de mayor trascendencia provincial y nacional denominado “porno venganza”, que se convirtió en un “caso testigo” para el juzgamiento de un nuevo delito, incorporado en la reforma del Código Penal que comenzará a regir en 2020.
El acusado es el tatuador riojano Patricio Pioli, de 36 años, quien fue procesado el 26 de marzo de este año por el juez Gustavo Farías, por coacción agravada y lesiones leves calificadas en concurso real.
La víctima, Ana Paula Sánchez Frega, de 23 años, denunció a Pioli por amenazarla con la viralización de las fotos y videos que él mismo tomó con su consentimiento en la intimidad cuando eran pareja, donde se los ve a ambos manteniendo relaciones sexuales, y también de haber sido violento durante toda la convivencia, que fue de sólo 7 meses.
Sánchez Frega acusó además a Pioli de que al terminar la relación envió el material de audio y video a su grupo de amigos y otras personas a través de internet, pese a la negativa de la joven.
Paula se convirtió así en la primera víctima de publicación de material sexual en la Argentina sin su consentimiento que logró llevar a su agresor a juicio.
Quien también brindó su declaración testimonial fue el psiquiatra de Ana Paula, Antonio Luna, quien habló sobre la experiencia vivida por la víctima y su salud mental.
El juicio contra Patricio Pioli fue presidido ayer por un Tribunal Unipersonal a cargo de Jorge Gamal Chamía, con la presencia de la Fiscal de Cámara, Cecilia Moreno, el abogado defensor del imputado, Juan Carlos Pagotto, el abogado querellante, Sebastián Andrada, y los involucrados.
La segunda audiencia del juicio será el martes 26 de este mes, y posiblemente se extienda hasta el jueves, según dijeron fuentes judiciales.
La pena establecida para este delito será de prisión entre 6 meses a 2 años o multa económica, con agravantes tales como, si la persona fue pareja de la víctima, o si la víctima fuese menor de edad, o si el delito se comete con fines de lucro, pueden determinar una pena con prisión de 1 a 3 años.
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