El dilema de la hoja en blanco, o de la tierra arrasada

A escasos días del traspaso de poder en esta Provincia, aún resuena el diagnóstico lapidario que formulara el futuro gobernador (primero economista) sobre el estado actual de la Provincia de Buenos Aires. No corresponde en esta columna analizar cuánto de simbólico tiene ese crudísimo juicio de quien lógicamente prefiere dejar en claro que arranca desde muy atrás para normalizar una jurisdicción (la mayor, más poblada y con más pobreza de las 24 del país), pues es lo que los abogados denominamos “beneficio de inventario” que para cubrirse corresponde antes de asumir una nueva responsabilidad.

En un contexto nacional inflacionario que golpea a diario principalmente a quienes no pueden actualizar sus ingresos regulares (si los tienen), el ámbito bonaerense es el más golpeado y está claro que las primeras medidas del nuevo gobierno debieran tender a socorrer a los más vulnerables, con medidas proactivas para garantizar las condiciones de supervivencia más elementales. Pero superada esa urgencia, corresponderá necesariamente aprovechar la oportunidad que toda crisis entraña para recrear una provincia eternamente deficitaria pese a aportar casi el 40% de la producción nacional, carente de identidad (seguimos llamándonos “DE Buenos Aires” cuando hace más de un siglo que se nos descabezó de esa metrópoli), postergada federalmente, y política y econonómicamente condenada a una nación-dependencia.

Es que la gráfica metáfora de la “tierra arrasada” puede considerarse como una exagerada invocación a la táctica militar de no dejar nada al futuro ocupante (como hiciera Belgrano en el histórico “éxodo jujeño”) o, más productivamente aún, como la tabula rasa en la que todo se puede construir sin condicionamientos innatos. En más de una ocasión hemos planteado la necesidad de replantearnos aspectos sustanciales como la conveniencia de seguir unidos en una única macrojurisdicción con casi la mitad de la población y de la economía nacional, que percibe apenas la mitad de lo que produce, y cuyos votos se licuan en una representación parlamentaria federal también devaluada comparativamente. La historia demuestra que de poco nos sirve una provincia que por sus defectos estructurales no ha servido de paraguas frente a las frecuentes crisis nacionales, y que tampoco ha sido eficiente para potenciar las calidades regionales que sí posee en su extenso territorio. Repensar la institucionalidad de la Provincia SIN Buenos Aires es un desafío constitucional que más temprano que tarde deberemos afrontar quienes preferimos denominarnos por nuestra afinidad local (platense, por caso) antes que con el ambiguo y desabrido carácter de “bonaerense”.

Pero mientras tanto el nuevo gobierno debiera rescatar los progresos institucionales que siempre deja una gestión anterior, en el caso de la saliente indudablemente su proclamada vocación por la transparencia y los planteos de actualización a nación del insólito Fondo del Conurbano, que no solo no deberían abandonarse, sino potenciarse mediante, por ejemplo, la consagración legal de una Agencia de Transparencia (en lugar de la inofensiva Oficina de Fortalecimiento Institucional creada por decreto) y el reimpulso de acciones judiciales concretas ante la Corte nacional para equilibrar razonablemente la distribución de alícuotas coparticipables que se liquidan con déficit constante a la mayor provincia argentina (será fundamental para ello involucrar con dedicación exclusiva al actual Fiscal de Estado, hoy inusualmente disperso en otros ámbitos representativos).

También será un desafío institucional inmediato reconvertir el rol articulador e integrador del derecho y de la justicia para una sociedad virtualmente rota, donde una mitad desconfía de la otra, replegada por la miseria en condiciones de supervivencia y convivencia deficitarias desde todo sentido. Transformar al Estado de un elemento de marginación y persecución a una herramienta fenomenal de integración social es una de las metas más ambiciosas que siempre debería guiar una gestión respetuosa de los valores constitucionales en todo nuestro país. En ese contexto, será vital que la nueva gestión no caiga en el tradicional defecto de nutrirse solo de ideas porteñas, y sí se apalanque en los centros de pensamiento estratégico local que estudian continuamente mejoras para el arcaico Estado provincial: nuestra facultad de Derecho platense como primer ejemplo, o los propios colegios profesionales (empezando por el de abogados, haciéndose cargo de su relevante rol para involucrarse en propuestas concretas), además de las demás entidades intermedias.

Esta provincia enorme y potencialmente rica precisa de cambios estructurales que tiendan a una descentralización real a través de municipios autónomos (vieja deuda bonaerense), mayor control y un Estado socialmente empapado de las necesidades de TODA su sociedad civil. Los actuales ejemplos de Chile, Colombia y Bolivia evidencian que no hay crecimiento económico sustentable sin visión de equidad social y justicia en la distribución del progreso. En ese sentido, esa metáfora de la nueva gestión sobre la “tierra arrasada” podría convertirse entonces en la hoja en blanco que desafía a todo nuevo escritor para que empiece a narrar su mejor historia.

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(*)Abogado constitucionalista