La “banda de los policías de Villa Elisa” acusada de armar causas, a un paso del juicio oral

Una supuesta banda de policías, que cumplía tareas en 2017 en Villa Elisa, y al parecer se dedicaba armar causas por venta de droga para cobrar coimas, saquear los lugares allanados y proteger a determinados traficantes de nuestra ciudad capturando a “perejiles para la estadística”, está a punto de ser enviada a juicio, aunque la causa se encuentra en la Cámara de Apelaciones y Garantías para tratar una denegatoria de arresto domiciliario para tres de los detenidos.

En el voluminoso expediente a cargo de la fiscal Virginia Bravo, con la intervención de la jueza de Garantías Florencia Butiérrez, se mencionan pedidos de dinero de hasta 60 mil pesos para mejorar la situación de los que eran “detenidos”, al parecer de manera ilegal en los irregulares “procedimientos antidroga”, y lo más grave, el secuestro de personas y allanamientos sin orden judicial, para presuntamente “plantar” estupefacientes y armar causas que nunca llegaban a la Justicia. Así recaudaban sumas de dinero con el pedido a los familiares de los que se llevaban “detenidos” y el saqueo de las casas revisadas de manera ilícita.

Los últimos en ser apresados, con prisión preventiva dictada a fines del año pasado, son los ex oficiales de la Bonaerense Rolando Morales y Jorge Porsella. En la causa también están detenidos los ahora ex policías Fernando Pardo, que para la fecha en que se entregó a la Justicia (en agosto del año pasado) prestaba servicios en la comisaría 2 de Ensenada (Punta Lara); Facundo Rodríguez, asignado a la subcomisaría de Hernández; y José Sosa, quien aún trabajaba en Villa Elisa.

El próximo paso, una vez que la alzada se expida y la causa vuelva a manos de Bravo, será la elevación a juicio. El imputado Morales tuvo como último destino la comisaría Séptima de Lanús, mientras que Porsella había sido desafectado en febrero del año pasado de la de Villa Elisa, presunto ámbito elegido por la banda. Según consta en la causa, los procesados al parecer elegían a jóvenes adictos, a quienes capturaban luego de comprar drogas, los llevaban a sus casas, robaban dinero, objetos de valor y luego pedían más para “mejorar las actuaciones, lograr reducción de penas o la libertad”.

LOS DOS CASOS QUE IRÍAN A JUICIO

En el expediente judicial se dio por semiplenamente acreditado que en la tarde del 21 de octubre de 2017, cuando dos jóvenes estaban en su casa de Villa Elisa junto a un tercero que sería vendedor de drogas, irrumpieron en la vivienda cuatro policías de la comisaría 12, “sin orden judicial y sin que se diera supuesto alguno que les permitiera acceder sin ese permiso avalado por un juez, los reducen y esposan, revisan el lugar y las pertenencias, a la par que amenazaban para que incriminaran a una persona apodada`Quechula´”. También se desprende de la investigación que “al llegar el hermano del dueño de la casa, los efectivos le exhiben la mochila adonde se encontraba la sustancia estupefaciente”.

“Una vez que llevan a los tres afuera de la casa y luego de una hora, los policías proceden a retirar del lugar al vendedor de droga, a quien liberarían cuanto menos discrecionalmente no promoviendo investigación a su respecto, y habiendo convocado a un testigo, le refieren que eran tres personas, que los habían perseguido y uno se había escapado”, se lee en la causa. La fiscal dictaminó que los policías habrían confeccionado falsamente un acta en el que se menciona que los dos jóvenes fueron detenidos haciendo un pasamano de droga con otra persona que huyó.

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Finalmente fueron sobreseidos. En la causa explicaron que sí eran consumidores de marihuana y que el día del allanamiento habían acordado con su dealer comprarle unos 600 pesos de esa sustancia; que el traficante les dijo que sí, pero que iba a llevar una balancita para que no hubiera errores. Justamente esa balanza fue utilizada por la policía como presunción de que se dedicaban al comercio de drogas.

El otro hecho que sería juzgado fue en la noche del 23 de octubre de 2017, cuando, al parecer los mismos cuatro policías, entraron sin orden judicial en una casa de Arturo Seguí, redujeron a dos hombres, y a la mujer de uno de ellos la obligaron a subir a un auto con dos de los agentes. La llevaron a ubicar a otro de los moradores de la vivienda, a quien persiguieron e interceptaron, para llevarlo a todos al sitio “allanado”. A este último y a su madre les exigieron 60.000 pesos para dejar sin efecto las actuaciones, maniobra que fue “abortada por la intervención de una vecina, ex policía, qu increpó a los cuatro oficiales de la comisaría de Vila Elisa.

En la causa también están mencionados el entonces titular de la Duodécima, Cristian Andrés Demarco; y Osvaldo Gabriel “Chucky” Gómez, un subteniente que fue jefe de calle de la comisaría décima de City Bell pero se hizo conocido como actor por su papel del “melli Ricardo” en la serie “Un gallo para Esculapio”. Todos fueron desafectados.

La investigación de Asuntos Internos ya había comenzado antes “por un cúmulo de denuncias”, explicó el titular de ese organismo, Guillermo Berra.