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Un grupo de abogados los acusa de "homicidio calificado"
Los médicos que practicaron una cesárea a la niña de 11 años, violada por la pareja de su abuela en Tucumán, calificaron hoy como “disparatada” la denuncia que realizó un grupo de abogados en su contra, acusándolos de "homicidio calificado".
“Esta es denuncia disparatada y calculo que la fiscal (Adriana) Giannoni va a tener la inteligencia suficiente para desestimarla”, señaló Gigena al portal del diario La Gaceta.
El médico estuvo acompañado por la especialista Cecilia Ousset, quien también participó de la cesárea de la niña de 11 años que fuera abusada sexualmente.
La presentación judicial fue radicada el lunes en la Fiscalía de Homicidios de Tucumán, en contra Gigena y Ousset, por "homicidio calificado" y "desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
La denuncia se extendió, además, a la defensora de Menores en lo Civil, Penal y del Trabajo Adriana Romano Mazzone.
Tanto Gigena como Ousset aseguraron "que actuaron bajo el pedido de las autoridades Ministerio de Salud de Tucumán".
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Los especialistas recordaron que “la interrupción legal del embarazo (ILE) es una norma vigente desde 1921, realizada por legisladores que tenían una cabeza más progresista que el grupo este que hace la denuncia".
El lunes, cuando se conoció la denuncia a través de la prensa, la cuenta de Twitter de "Niñas No Madres Tucumán" @casoluciatuc, que realiza el seguimiento del caso de la niña, publicó un documento de repudio firmado por organizaciones feministas y de derechos humanos de todo el país.
“Repudiamos la denuncia maliciosa por homicidio calificado, impulsada por un grupo de abogados de sectores antiderechos contra las doctoras Cecilia Ousset Romero y el doctor José Gigena, quienes realizaron la ILE, a través una microcesárea a Lucía, la niña de 11 años embarazada producto de una violación", indicó el posteo.
Y, advirtió que "en la práctica realizada por los médicos no hay delito".
"La ILE está establecida por el artículo 86 del Código Penal y garantizada del fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", que determinó que "cualquier aborto de un embarazo producto de una violación no es punible, tanto para la mujer como para la persona que cause la interrupción del embarazo", agrega.
En menos de 24 horas el documento recibió la adhesión de más de 9 mil personas.
Entre los políticos que sumaron sus firmas figuran los diputados nacionales Cecilia Moreau y Pablo Yedlin, la diputada provincial santafesina Alicia Gutiérrez, concejales y referentes sociales.
El 5 de febrero, la madre de la niña había denunciado el abuso que sufrió su hija y solicitado la ILE cuando cursaba la semana 16 de embarazo.
Pero tras permanecer internada en el hospital, se le practicó una cesárea el 27 de febrero, por un fallo de la justicia y el viernes murió la beba nacida luego de 23 semanas de gestación y con 660 gramos de peso.
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