La rendición de cuentas 2018 del municipio ingresó al Concejo Deliberante para su debate. De los primeros datos que se difundieron surgen el equilibrio de las arcas municipales. Pero también, una mayor inversión a la prevista en obras de infraestructura, principalmente en escuelas, y en el mantenimiento del espacio público. Como contrapartida, surge una subejecución de partidas en áreas clave como son Seguridad, Salud y Planeamiento.
El expediente da cuenta de los gastos que la gestión de Julio Garro ejecutó en 2018 en base a un Presupuesto de 6.321 millones de pesos.
Así, el área de Obras Públicas realizó una ejecución del 80 por ciento de su presupuesto, con un gasto de 673 millones de pesos.
Otra área donde la gestión puso un fuerte foco es en el Fondo Educativo, que se utiliza en su mayor parte para obras en escuelas. Tuvo en 2018 una ejecución de 172 millones de pesos, es decir, el 76 por ciento del total, con trabajos en 185 establecimientos.
En el Servicio Alimentario Escolar se realizó durante el año pasado una inversión de 218 millones de pesos, el 96 por ciento del total, mientras que el Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME) gastó 16 millones de pesos.
La secretaría de Gobierno fue el área de mayor gasto, con 911 millones de pesos. La cartera contempla, entre sus principales afectaciones, las cooperativas que trabajan en el espacio público y las demandas de las delegaciones.
La secretaría de Desarrollo Social ejecutó durante el año anterior 206 millones de pesos, el 76 por ciento de las partidas que se le habían asignado, que fue destinada a asistencia a comedores, el hogar para personas en situación de calle y la casa de la Niñez, entre otros.
SUBEJECUCIONES
En tanto, la secretaría de Seguridad registró una subejecución del presupuesto asignado del 64 por ciento, en tanto que le sigue en orden el área de Desarrollo Urbano y Económico, con un 52 por ciento de ejecución, y la secretaría de Salud, con un presupuesto ejecutado a esa fecha del 59 por ciento.
Según indicaron desde el oficialismo, la demora en la ejecución presupuestaria del área de Seguridad –se gastaron 234 millones de pesos, cuando se habían asignado 714 millones- obedeció a que a la fecha del cierre del balance no se habían pagado aún las 600 cámaras de vigilancia adquiridas por la Comuna ni tampoco se había avanzado en ese momento con la instalación de fibra óptica. “La licitación iniciada en marzo de ese año preveía un dólar a 20 pesos, y los desfases posteriores del contexto económico provocaron en la Comuna fuertes dificultades y demoras para la adquisición de productos importados”, explicaron a este diario, al tiempo que indicaron que algo similar ocurrió con la actualización tecnológica del Centro de Monitoreo Municipal, que en breve se mudará a sus nuevas instalaciones en diagonal 80 y 47.
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