Tensiones y sospechas detrás de la jura del nuevo juez de la Corte

Detrás del fallo dividido de la Suprema Corte de Justicia provincial que consideró viable tomarle juramento al nuevo integrante del Tribunal, el juez federal Sergio Torres, asoma un enfrentamiento que dejó de ser secreto entre el gobierno de María Eugenia Vidal y el actual presidente del cuerpo, Eduardo de Lázzari.

No es nueva la inquinia entre las partes pero llegó a un punto de su máxima tensión por el ingreso del nuevo juez supremo, propuesto por la mandataria y avalado por el Senado provincial en decisión unánime. El pliego de Torres, hasta ese momento a cargo del Juzgado Nº 12 de Comodoro Py, fue votado por la Cámara Alta en un trámite veloz el 11 de abril.

La aspiración de Vidal era que el magistrado jurara antes del cambio de autoridades en la Corte, probablemente sabiendo que De Lázzari pondría objeciones. No pudo ser. El supremo asumió la presidencia, un cargo rotativo, el 19 de abril. Así, pues, debería ser quien le tome juramento a Torres.

Sin embargo, en la resolución 920/19 del Tribunal, que aprobó recibir el juramento a Torres, el presidente del cuerpo votó en disidencia con esa decisión de sus pares. Es una situación sin precedentes. Votaron por la afirmativa Hilda Kogan, Héctor Negri, Luis Genoud y Daniel Soria. De Lázzari votó en contra junto a Eduardo Pettigiani, pero el primero justificó su voto con una contudencia de argumentos que abruma.

La tesis de De Lázzari, sin entrar en tecnisismos, es que no está lo suficientemente acreditado que Torres tenga los dos años inmediatamente anteriores a su nombramiento como residente en la Provincia de Buenos Aires. Y dice que, más allá de que el Senado en su momento avaló la documentación presentada por el candidato y votó su pliego, la Corte tiene atribuciones para dar un último veredicto al respecto, porque se trata no sólo de un nuevo juez supremo sino del ingreso al Poder Judicial bonaerense de una persona que nunca ejerció en él.

Al parecer, Torres -que para votar está empadronado en la Capital Federal- dio un domicilio en el partido de Tigre (en la calle Coronel Morales) que se sospecha que hace dos años no existía como edificio físico sino que estaba en obra. Hubo, incluso, una causa que pretendió culparlo de falsificar el dato, pero le fue favorable en primera instancia. La cuestión es que, más allá de que nunca se admitirá en público, en el gobierno de Vidal consideran que desde su sillón estratégico en la Suprema Corte, el presidente de Lázzari está operando políticamente en contra de la gobernadora. Altas fuentes oficiales le endilgan cercanía con el mundillo kirchnerista, aunque nadie sabe precisar cual sería su terminal en el entorno de Cristina Fernández, quien podría ser la principal rival de Macri en octubre.

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Una mirada constitucional

No es un secreto que el juez, ex funcionario de Eduardo Duhalde en la gobernación, tiene cercanía con el peronismo; y acaso sea el más identificado con ese partido de todos los miembros del Tribunal con pasado en el PJ (además de él, Pettigiani, Soria, Genoud). Los más bondadosos dicen que lo que sucede actualmente es fruto de que, hasta 2015, el Tribunal no estaba acostumbrado a convivir con un gobierno no justicialista. En la Corte aseguran, sin embargo, que De Lázzari se autoadjudicó la misión de frenar cierta “prepotencia” que ve del Ejecutivo hacia el Poder Judicial. Por eso no se jubila.

Los vidalistas contabilizan una serie de movidas de De Lázzari que, para la lógica de Cambiemos, lo perfilan casi como un opositor. Desde las quejas del Tribunal por la falta de recursos y la lentitud para cubrir vacantes en juzgados (esto último refutado por el oficialismo), hasta una resolución firmada unicamente por De Lázzari, que detalla situaciones de irregularidades en el sistema de protección de la niñez de La Plata, Berisso y Ensenada y exige a la gobernadora y los intendentes que le den inmediata solución.

Esa situación, en rigor, llegó a la Corte porque elevó un diagnóstico un grupo de jueces de familia de la Región Capital. No obstante, la envergadura política que le dio De Lázzari al librar oficios a Vidal y a su ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, despertó suspicacias en el Palacio de la Calle 6.

Según cuentan en Tribunales, en la Corte siempre se sintió cierto malestar con la reforma judicial que impulsa el vidalismo. No tanto por los cambios en sí, sino porque los supremos no habrían sido consultados en tiempo y forma antes del anuncio oficial. Factura para el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. Por cierto, en su entorno desmintieron que hubiera una inquinia especial entre él y De Lázzari, tal como contaron a este diario fuentes de Cambiemos.

Circulan muchas teorías conspirativas en el mundillo político-judicial. Una de ellas dice que la oposición de De Lázzari a la jura de Torres -que fue avalado hasta por organismos de Derechos Humanos- hay que rastrearla en su intacta relación con Duhalde.

Sería, según esa tesis, una suerte de vuelto duhaldista por la embestida del gobierno de Cambiemos contra el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien se negó a ordenar la detencion de Pablo Moyano que había pedido un fiscal y se ganó así la enemistad macrista. El juez afronta un jury por mal desempeño de su funciones en otros casos. Duhalde, que se declaro amigo personal suyo, asumió una parte de su defensa.