La Justicia pidió a Educación datos clave para esclarecer la estafa con nafta oficial

La justicia penal platense ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense que entregue en un plazo perentorio toda la documentación vinculada con el manejo y control de las tarjetas de débito que se usan para cargar nafta en los autos oficiales.

Algunos funcionarios hablaron de inspección ocular y no faltó quien aludiera a la diligencia como un “allanamiento”, versiones que las fuentes judiciales negaron de manera terminante.

“Se trata de una orden de presentación por la cual se le requiere al organismo que en 24 horas remita a la fiscalía a cargo de la causa determinada información vinculada con el manejo de esos fondos”, explicaron fuentes de tribunales.

Recordemos que días atrás la cartera educativa resolvió suspender en forma preventiva a dos funcionarios ligados con el área que ahora está bajo la lupa.

El escándalo tuvo como disparador un incidente tan fortuito como un operativo de interceptación vehicular en ruta 36 y 44 y la captura de un playero de una estación de servicio de La Plata que circulaba en una camioneta de alta gama, con una buena suma en efectivo y 15 tarjetas de débito de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense.

Para sumar más dudas a la historia, horas más tarde un compañero del detenido se mató de un disparo en la cabeza en un baño de la Axion de 44 y 31.

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A pedido del fiscal a cargo de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, la jueza Marcela Garmendia le solicitó a Educación y al Banco Provincia una serie de informes, a partir de los cuales se habría detectado la posible comisión de delitos en la dirección de Servicios Generales y en la subdirección de Transporte Terrestre del área educativa provincial.

Entonces se supo que autoridades de la cartera ya habían advertido, a mediados del año pasado, algunas irregularidades con las tarjetas de combustible, lo que derivó en la suspensión preventiva de cuatro choferes. Días atrás corrieron la misma suerte el director de Servicios Generales, Néstor Osvaldo Casado (suspendido por 60 días en el cargo) y el subdirector de Transporte Terrestre Horacio Mankowski (con suspensión relativa por el mismo tiempo, aunque sigue trabajando sin firma).

Fuentes judiciales aclararon que las autoridades de la cartera educativa “están colaborando mucho con la investigación”, por lo que estiman que en 24 horas se sumará más documentación clave para incorporar en la causa.

El fiscal ya dispone de informes que echaron luz sobre los montos que eran gastados con esas tarjetas en combustible: 25 mil pesos mensuales cada una. Si, tal como se cree, la maniobra se remonta a varios años atrás y no se limitaría, justamente, a esas tarjetas secuestradas, la estafa se vislumbra como millonaria.

El playero que fue descubierto con esos plásticos, Walter Cejas (29), quedó detenido por “defraudación de caudales públicos”. En su primer contacto con la policía el muchacho intentó justificarse argumentando que a las tarjetas “se las dieron” y que hacía “eso” para “los de arriba”, pero esos dichos no tienen validez legal porque se negó a declarar en su indagatoria ante el fiscal.

Además de allanar la casa de Cejas, Condomí Alcorta registró la estación de servicio y pidió analizar el material de las cámaras de seguridad, recibos y el posnet. Las tarjetas Bapro Copres que tenía el joven al momento de la captura son las que utilizan todas las reparticiones públicas de la Provincia para cargar combustible en sus vehículos oficiales.

Solamente la cartera educativa tiene alrededor de 600 autos que demandan, para mantenerlos en movimiento, un flujo de dinero tan importante como difícil de controlar.