El Estado en mora con el drama de las usurpaciones

Hace ya demasiado tiempo –puede hablarse de varias décadas- que nuestra región sufre una sucesión sistemática de usurpaciones de terrenos y de inmuebles, reiterándose de esa manera situaciones sociales de profunda injusticia y de riesgo tanto para los legítimos propietarios de esos bienes como para los ocupantes irregulares, sin que desde el Poder Judicial, de organismos del Ejecutivo provincial y de las Municipalidades surjan evidencias claras acerca de que se actuará contra una actividad delictiva que debe ser erradicada y que está, perfectamente montada por personas desaprensivas que buscan su propio provecho.

Ahora se asiste a episodios de esa naturaleza en Melchor Romero, tal como se informó en este diario. Después del desalojo que se produjo el jueves en un predio de 155 y 518, anteayer el escenario de la tensión se trasladó algunas cuadras más al oeste, hasta 173 entre 525 y 526. En ese sitio, según denunciaron los vecinos, se viene consolidando una usurpación desde el 18 de enero pasado, sin que la Justicia platense actúe a pesar de que se radicaron denuncias en la comisaría de Melchor Romero.

Se detalló que en el caso la denuncia fue radicada meses atrás en la UFI Nº6 y que se presume que los terrenos serían fiscales. Ahora la Municipalidad de La Plata realizó una inspección semanas atrás en la que verificó que se habían instalado estas viviendas y se reconoció que fueron construidas sin las habilitaciones y permisos correspondientes del Estado provincial y/o municipal.

Más allá de las características particulares de cada caso, interesa por lo pronto señalar que existe una suerte de protocolo previo a las usurpaciones, consistente en la realización de una “inteligencia” previa, a la que le sigue la llegada orquestada de contingentes de personas, así como de distintos materiales y maquinarias para levantar en forma rápida conjuntos de viviendas precarias, previa venta de “lotes” con medidas mínimas, en tierras además por lo general carentes de los servicios básicos de infraestructura urbana.

Nada justifica la impunidad con la que se protege a los responsables de las usurpaciones

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Tal como lo señalan los vecinos, no sólo actúan organizaciones delictivas que, bajo la excusa cierta de que existen necesidades perentorias de vivienda, fomentan estas usurpaciones con un mero propósito de lucro, sino que –sobre todo en años electorales como el que corre- algunas personas inescrupulosas se presentan como “punteros políticos” e impulsan esta modalidad, con la clara intención de conquistar una clientela electoral que los favorezca. En la práctica, tanto los que especulan por dinero como quienes lo hacen para ganar espacios políticos, se convierten en supuestos agentes inmobiliarios, que ofrecen y luego venden bienes que no les pertenecen. Las víctimas de estas maniobras fraudulentas son los propietarios particulares o el Fisco, sin que, como se ha dicho, desde el Estado se advierta la intención de combatir este verdadero flagelo social y también urbanístico.

No sólo actúan organizaciones delictivas detrás de esta modalidad

Se sabe que las usurpaciones se han venido presentando en Los Hornos, Villa Elvira, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Abasto, Olmos, José Hernández, La Granja y otras localidades y barrios que, inclusive, dependen de los cercanos municipios de Berisso y Ensenada. Ahora, un reciente informe publicado en este diario dejó a la vista que el distrito platense son usurpadas dos propiedades por día y que, además, los legítimos propietarios deben aguardar mucho tiempo –hasta quince años algunos de ellos- para lograr, en el mejor de los casos, la recuperación del dominio.

Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos, pero, como se dijo siempre, el Estado el que debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente.

Lo que está claro es que nada justifica la impunidad con que se mantiene protegida a personas responsables de la usurpación, que concretan el despojo y luego se ocupan de intentar venderlo en forma fraccionada. El Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y los Municipios se encuentran en deuda frente a las víctimas de este delito convertido en un verdadero flagelo social, pero también en injustificable mora para acudir en defensa de la vigencia de la ley y de la Constitución.