El gobierno nacional suspendió ayer la aplicación de la ley de promoción de la economía del conocimiento, que beneficiaba a empresas argentinas dedicadas al uso intensivo de la tecnología y la digitalización de la información. La norma se había sancionado en mayo del año pasado y regía desde el 1º enero y, según trascendió, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el sector se abocarán a modificar la norma para tratarla en el Congreso en las sesiones extraordinarias.

La ley 27.506, suspendida desde hoy, beneficiaba a fabricantes de software, servicios informáticos y digitales, producción audiovisual, biotecnología, bioeconomía, servicios geológicos, de electrónica, satelitales y actividades como ingeniería, ciencias exactas, naturales, agropecuarias y médicas vinculadas a tareas de investigación y desarrollo experimental. Por eso, a la norma se la conocía como “ley de promoción de la economía del conocimiento”.

Este tipo de empresas exportó el año pasado unos 3.600 millones de dólares en estos tipos de productos. Sólo algunas de las más conocidas son Mercado Libre, IBM y Globant.

La resolución del ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, se publicó ayer en el Boletín Oficial y, según se aclaró más tarde, apunta a suspender la aplicación de la ley para discutir detalles de su impacto con representantes del sector y volver a tratarla en el Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias.

La idea central de las modificaciones es privilegiar la llegada de los incentivos fiscales para las pequeñas y medianas empresas, precisar cuáles son las actividades abarcadas e impulsar transversalmente la productividad de manera federal e inclusiva de todos los sectores que conforman esta industria.

Fuentes oficiales explicaron que el gobierno “está filosóficamente de acuerdo con la ley, el problema es que al estudiar la implementación se generaban muchas dificultades de aplicación, y además hay aspectos que se pueden mejorar y que vienen siendo hablados con las empresas”.

A partir de la necesidad de sumar adecuaciones a la norma, desde el Gobierno se está trabajando en la incorporación de las modificaciones ya sea a través de una nueva reglamentación de la ley o mediante un proyecto modificatorio de la norma para ser tratado en las sesiones extraordinarias, a convocar para febrero por el Poder Ejecutivo.

Entre los principales aspectos que generan dudas en su aplicación se menciona la necesidad de ser más específicos en cuáles son las actividades que pueden participar del régimen dentro del amplio universo de las empresas de tecnología y de digitalización de la información.

Por otro lado se buscará rediscutir el alcance de los beneficios impositivos con vistas a fortalecer el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del sector por sobre las grandes compañías tecnológicas, varias de ellas con facturaciones millonarias que ya no dependen de un régimen especial, para lo cual no hay en la norma original una diferenciación clara.

Las fuentes aseguraron que algunos de estos puntos ya están siendo discutidos con las empresas del sector, y en base a ese diálogo se decidió suspender el régimen y trabajar en “cumplir con el espíritu de la ley con la cual está completamente de acuerdo porque es una actividad que genera puestos de trabajo de calidad en cualquier lugar del país”.

Como parte de ese diálogo, la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) aseguró que trabaja junto al Gobierno para acordar “alternativas superadoras” a la Ley con la idea de que se plasmen “modificaciones a la normativa que aseguran el crecimiento del empleo y las exportaciones”.

También desde Cessi se coincidió en la necesidad de que la nueva norma “atienda a la diversidad de las áreas del conocimiento incorporadas por la ley, fortaleciendo el mercado interno, en especial la competitividad de las Pymes”.

El objetivo de la ley 27.506 era promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, la obtención de bienes, prestación de servicios y mejoras de procesos.

Este tipo de empresas exportó el año pasado unos 3.600 millones de dólares