En la Provincia no quieren el default y estudian variantes para cerrar con bonistas

El operativo seducción que lanzó Axel Kicillof en busca de conseguir el aval de los bonistas para postergar el pago de la deuda por 250 millones de dólares, sería sólo el primer eslabón de la estrategia oficial en procura de que la Provincia no entre en default.

El Gobernador ofreció a los tenedores del bono BP21 adelantar el pago de los intereses a cambio de que acepten su propuesta de posponer la cancelación del capital hasta el 1° de mayo. Así, la Provincia propuso pagar a los tenedores del títulos unos 7,2 millones de dólares que serán desembolsados la semana que viene.

Pero el tiempo corre y el plazo establecido para evitar el posible default de la Provincia asoma cada vez más cerca en el horizonte. El 5 de febrero es el último día que tienen los tenedores del bono para aceptar la propuesta de postergar el pago del vencimiento de 250 millones de dólares. Y por el momento, no se habrían registrado avances significativos en el diálogo con los acreedores.

“Nadie quiere el default, no estamos trabajando para que eso ocurra”, aseguraban ayer en distintos despachos oficiales.

Algunas fuentes sostenían que si los bonistas insisten en no aceptar la postergación del pago -por ahora el Gobernador no ha logrado reunir la voluntad requerida del 75 por ciento de los tenedores-, surgirá una “solución política” que eventualmente adoptarían Kicillof, el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner.

Una de las salidas para evitar el default sería la cristalización de un préstamo puente que habrían ofrecido una serie de bancos privados a la Provincia. Con esos recursos -quizás con parte de aportes propios- el gobierno bonaerense cancelaría la deuda y se alejaría de la cesación de pagos.

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En otros despachos oficiales reconocían que sería “un problema complejo” para la Provincia entrar en default. “Uno de los efectos inmediatos sería la dificultad para acceder a la toma de deuda en pesos”, señalaban. De hecho, el Estado bonaerense saldrá a buscar antes de fin de mes unos 10 mil millones de pesos para refinanciar pasivos.

En esas mismas oficinas interpretaban que, si como asegura la mayoría de los analistas, un eventual default bonaerense complicaría la reestructuración de la deuda nacional, la solución debería aportarla la Nación. “O pagamos esta deuda o pagamos los sueldos, no hay otra opción”, repetían ayer hombres de confianza de Kicillof. “No hay fondos para afrontarla”, repetían.

Claro que el plan original sigue en pie. Y consiste, como se dijo, en que los bonistas acepten postergar el cobro del bono. Le agregó Kicillof la posibilidad de que cobren por adelantado los intereses que devengará ese título.

Un plazo anterior al del 5 de febrero también es importante. El viernes vence el término de la prórroga que estableció la propia Provincia para que los acreedores acepten la propuesta. Será otro test para determinar el volumen de aceptación de los acreedores al pedido de la nueva administración.

Si no hay acuerdo habrá un extensión más hasta el 5 de febrero, la fecha tope antes de que se produzca el default.

Esta posibilidad, pese a que las deudas nacional y provincial no tienen vinculación legal, podría afectar la negociación que el gobierno de Fernández arrancará con los acreedores nacionales.

El vencimiento de la Provincia pasó a tener un peso importante en el proceso de reestructuración de la deuda nacional, ya que se trata de un vencimiento con ley extranjera, donde los inversores internacionales tomarán nota de los próximos pasos que podría dar la Argentina para reestructurar parte de su deuda pública, que alcanza a unos 300 mil millones de dólares,

De ahí que se especule con algún tipo de acuerdo entre ambas administraciones para que la cesación de pagos no se produzca. Más aún, cuando se habla de “estrategias coordinadas” en el manejo del problema de la deuda.

Por caso, la sola mención de la palabra default produjo una fuerte caída en la cotización de los bonos y que se disparara el riesgo país.

Para el mercado, el vencimiento que debe afrontar es “pequeño”, de ahí la resistencia a firmar el acuerdo. Pero para el Gobierno, existe la “necesidad”, aseguran, de sentarse a renegociar. “En las condiciones que la dejó Cambiemos, la deuda es impagable”, afirman.