Injustificable presencia de funcionarios nacionales en las tomas de tierras

La participación de funcionarios nacionales para apoyar las tomas de tierras en un campo de Entre Ríos –denunciadas por uno de sus propietarios, el ex ministro nacional de Agricultura Luis Miguel Etchevehere- y en la usurpación de parcelas ubicadas en El Foyel y en Villa Mascardi, en Río Negro, que generó la protesta de la Gobernadora por esas mismas presencias, debe ser investigada y eventualmente sancionada, por tratarse de actitudes que evidencian el no acatamiento al ordenamiento constitucional y legal de nuestro país, agravada por la condición de agentes públicos de los denunciados.

En el caso de Entre Ríos el ex Ministro denunció la toma de un campo en la zona de Santa Elena, al señalar que “el gobierno nacional apoya con funcionarios a Grabois en la usurpación de tierras” en esa provincia. Se preguntó “¿qué hacían Donda y Verón en audiencia de partes? El Director de Econ Popular Sebastián Correa anoche durmió en la toma! Bordet deja pisotear el federalismo”, expresó Etchevehere en su cuenta de Twitter. En otro tuit añadió que Gabriela Carpinetti, del ministerio de Derechos Humanos, también durmió en la toma para concluir expresando: “Fuerte apoyo de Alberto Fernández a Grabois para la toma de tierras”.

Cabe señalar que la directora del Instituto Nacional contra la Discriminación, Victoria Donda, alegó que la toma del campo en Entre Ríos se había concretado en apoyo de Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro, que mantienen una situación litigiosa con su hermano. La funcionaria dijo que “estamos defendiendo la propiedad privada de una mujer que ha sido privada sistemáticamente y por medios violentos y fraudulentos de su propiedad”. Aún si fuera así, no se entiende el motivo de la presencia activa de funcionarios nacionales en una cuestión de índole familiar, sometida a consideración de la Justicia. Está claro que no existe explicación ni justificación alguna para esas presencias porque en todo caso si existiera un conflicto de ese tipo el mismo debe dirimirse judicialmente.

Un caso similar, que marcó también la participación de funcionarios públicos, ocurrió con las tierras tomadas en la provincia de Río Negro. La gobernadora Arabela Carreras acusó a autoridades de un organismo nacional de financiar las tomas de tierras en Río Negro y reiteró que un sector del Gobierno apoya la ocupación ilegal por parte de comunidades mapuches.

La Gobernadora apuntó así contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por el papel que jugó en las usurpaciones de tierras, poco después de que se hubiera reactivado la tensión por las tomas de terrenos ocurridas en El Foyel y Villa Mascardi.

De sobra se conoce el contexto que acompaña a estos episodios, con tomas de tierras en decenas de lugares en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, agravado en los últimos días con las ocupaciones de dos sedes municipales en el distrito bonaerense.

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Se ha señalado siempre que son los organismos de los tres poderes del Estado los que deben evitar estos desbordes, cada uno de ellos en la esfera y en la oportunidad que les corresponde. No hacerlo sería incumplir con precisos mandatos constitucionales y legales. Pero además, las autoridades debieran tomar conciencia de que siempre serán negativas para todos, inclusive para los propios ocupantes, las consecuencias sociales de las usurpaciones de tierras. Desde luego que uno de los derechos esenciales, como el de la propiedad, se encuentra conculcado en estos episodios.

No hay dudas de que el Estado se encuentra en deuda con quienes sufren con la falta de una vivienda propia y ese problema debería ser resuelto a la brevedad, mediante planes crediticios y de promoción de las obras correspondientes que deberían impulsarse. Pero esa injustificable mora no debiera verse compensada con la luz verde que parece habérsele dado a quienes han montado el negocio -económico y político- de la toma de tierras que no les pertenecen. En estos momentos que el país requiere inversiones de argentinos y extranjeros es doblemente necesario crear las condiciones para que tenga plena vigencia el derecho de propiedad.

En cuanto a la eventual presencia de funcionarios nacionales avalando estas usurpaciones, ya sea por su sola presencia o ejerciendo determinadas presiones, le incumbe al Gobierno impedirlas en forma tajante e inmediata, pues reflejan un verdadero extravío institucional. Se supone que la función pública se ejerce para que se apliquen la Constitución y las leyes, no para que dejen de aplicarse.