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José María Tau *
Abogado
Desde los primeros enfoques de la relación mente-hormonas a la actual Psiconeuroendocrinología, es sabido que el miedo debilita y hasta paraliza las defensas de nuestro sistema inmune.
Y el miedo está instalado. A contaminarse, a infectarse, a morir, a los asintomáticos (que trasmitirían el virus). Acecha a quienes padecen obesidad o alguna enfermedad, a quienes están en edad de riesgo, a los que no llegaron a esa edad, pero por no haber visitado a su médico temen ser vulnerables. Hasta a los recuperados, que han leído sobre cierta demencia como secuela…
En semejante contexto, el texto de un proyecto de ley recientemente aprobado por mayoría en Diputados, también da miedo.
Salvo su artículo 1°, que declara “de interés público la investigación, desarrollo, fabricación, provisión y suministro de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID 19…” es preocupante la forma en que, aludiendo reiteradamente a “acuerdos conforme el mercado internacional de las vacunas”, en su afán de lograr a cualquier costo las vacunas presuntamente salvadoras, pasa por alto la dignidad de las personas y protección integral de su salud.
No sólo por eximirlas del pago de cualquier arancel o impuesto y disponer su adquisición por vía de excepción, ni por asegurar confidencialidad respecto de la fórmula técnica con que pretenderían tal inmunidad y hasta renunciar a la “inmunidad soberana” en materia jurídica, según la cual los pleitos y controversias deberían sustanciarse aquí.
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Más preocupa del Proyecto N° 5072-D-2020 el poder delegado en el Ministerio de salud para incluir en las contrataciones cláusulas que, frente a posibles efectos adversos, eximen de responsabilidad a los que las elaboren distribuyan y apliquen, entre otras claramente dirigidas a beneficiar a las farmacéuticas.
Dos de sus 13 artículos hacen gala de un nominalismo casi cínico, como cuando para referirse al “resguardo de confidencialidad” menciona la ley 26.529 de derechos del paciente; o alude a la Bioética como recaudo respecto a la seguridad y eficacia de vacunas que, según su propio artículo 9°, tendrán un trámite de “aprobación de emergencia” en el contexto de la pandemia.
La Bioética postula el beneficio compartido de los adelantos de la ciencia, la solidaridad entre los pueblos y naciones, sobre todo en tiempos de pandemia y el reconocimiento de las vacunas como productos esenciales que deberían estar al alcance de toda la población, con suficientes garantías no sólo de accesibilidad, sino principalmente de seguridad y eficacia.
Precisamente seguridad y eficacia es lo que nadie puede garantizar respecto de muchas que se investigan.
También eran tiempos de miedo ante lo desconocido, cuando empezó a usarse la palabra “vacuna” para designar la inmunización mediante la inoculación de un patógeno, por experimentos con reses de ganado vacuno infectadas de viruela. Pero Edward Jenner investigó 18 años…
La poliomielitis azotó a la humanidad durante siglos. En USA, hasta un presidente como Roosevelt exhibía sus secuelas y el último brote, en 1955, dejó miles de muertos. Imaginemos cómo habrán sido recibidas entonces las vacunas elaboradas por Albert Sabin y Jonas Salk, una en base al virus vivo y atenuado, la otra, al virus muerto. Y ninguno la patentó.
Una vacuna es considerada eficaz luego de años de observación, y en la carrera actual, para la aprobación lo que menos se está respetando es el tiempo.
Varias de las vacunas que compiten para lograr la inmunidad frente al COVID 19 no utilizan el virus, sino una fracción de su ARN. La de Oxford, por ejemplo, usaría como vector un virus de chimpancé al que se le introduce material genético del coronavirus humano.
Eso caracteriza los riesgos. Las modificaciones en el ADN y en el ARN (porción del genoma que traduce el ADN en proteínas) no son observables en forma inmediata y sus efectos hoy se desconocen.
La presumible “inmunidad adquirida” no puede justificar cualquier medio. Menos, colocar los intereses de la poderosísima industria farmacéutica por encima de la dignidad e integridad de las personas.
Tengamos en cuenta que, en función de los dispuesto por la ley 27.491 (conforme su artículo 7º, “situación epidemiológica”), una vez aprobadas esas vacunas pasarán a ser formalmente obligatorias para toda la población.
El Capítulo Argentino de la Redbioética acaba de emitir una Declaración fundamentando las razones por las cuales este Proyecto no debería ser aprobado por el Senado en su actual redacción.
De sancionarse, sería una ley históricamente regresiva, con posible efecto disruptivo y peligroso para el futuro de la salud pública, ya que aportaría poderosos argumentos al movimiento antivacunas.
Que los miedos no lleguen a paralizar nuestra capacidad de pensar y repudiar desmesuras.
* Vicepresidente de la Asociación Argentina de Bioética Jurídica
“Que los miedos no lleguen a paralizar nuestra capacidad de pensar y repudiar desmesuras”
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