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El Gobierno de Formosa inició ayer el proceso de ingreso al territorio provincial de unas 300 personas, del total de 8.000 que no pudieron regresar al distrito por las restricciones impuestas desde el inicio de la pandemia de coronavirus.
“Se inició el proceso de ingreso a la provincia, en el marco de lo resuelto por la Corte Suprema”, detalló el Consejo de Atención a la Emergencia COVID-19, encabezado por el ministro de Gobierno, Jorge González, en referencia al fallo del máximo tribunal del país, que fijó un período de 15 días para que Formosa habilite y materialice el ingreso de las personas varadas fuera de las fronteras provinciales.
“Hoy estarán entrando un total de 306 personas, cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado -que constaba en que paguen de sus bolsillos el hisopado-, que serán ubicadas en centros de alojamiento preventivos tanto de la ciudad capital como del interior provincial”, detalló sobre las personas alcanzadas por el fallo judicial.
Indicó que los centros funcionarán en escuelas, edificios de organismos públicos, hoteles, clubes e instalaciones puestas a disposición por parte de la comunidad.
Por su parte, la directora y coordinadora del primer y segundo nivel de atención de la provincia, Laura Filippini, contó a una radio local que hoy está previsto el regreso de unas 600 personas a la provincia.
“Veremos si la solicitud de ingreso a la provincia era urgente, si tenían familia en la provincia, porque en estos últimos 2 días recibimos las bajas, lo que demuestra que la necesidad no era real, como se manifestó”, advirtió.
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También, el comisario José Bogado de la Policía de Formosa, en declaraciones a medios locales, dijo que durante la madrugada sólo habían ingresado entre 8 y 10 personas, pero que a partir de las 7.30 se registró la llegada de grupos al puente Eva Perón (Chaco), en remises y taxis.
Contó que en el puesto de control Mansilla se verifica en forma digital si las personas tienen o no autorización de ingreso y, si lo tuvieran, son dirigidas a otro puesto.
Allí, en el caso de que se movilicen con automóviles particulares, se les coloca “una oblea roja para identificar que vienen de zonas de riesgo epidemiológico de COVID-19”.
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