El lunes a las 18 horas, una batería de agentes de la Delegación La Plata de la Policía Federal descendieron de varios vehículos para ingresar en una casa del barrio La Loma y en cierta forma alteraron la tranquilidad del lugar. Algunos curiosos se acercaron para conocer la razón de la presencia de los uniformados en esa cuadra, pero no tuvieron mayores respuestas. Poco después conocerían la escabrosa verdad: habían ido allí en el marco de un operativo para investigar a un sujeto acusado de distribuir y consumir pornografía infantil.
El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de 41 entre 27 y 28. Según lo referido por los pesquisas, se extendió hasta entrada la medianoche debido en parte “a la gran cantidad de material secuestrado para la causa”, que incluyó todo tipo de dispositivos de almacenamiento digital: pendrives, CD’s, tarjetas de memoria, computadoras, teléfonos, artículos sexuales y otros elementos.
La denuncia llegó al país por medio del convenio que la Procuración bonaerense firmó con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), una organización no gubernamental con sede en Washington que tiene el respaldo del Congreso de Estados Unidos y a la cual las empresas proveedoras de internet deben, por ley, notificarle cuando sus clientes suben imágenes de ese tipo a la red.
La denuncia llegó a la Policía Federal a través de un alerta de la red internacional NCMEC
Con esa información, los informáticos locales determinan a quién estaba asignada esa dirección de IP, y a qué dirección catastral pertenece. Así fue como lograron dar con el sospechoso, un hombre de 44 años que vive con su madre de 80.
POSESIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Si bien la denuncia que pesa sobre el acusado es hasta el momento por “acceso y/o suministro de material que contiene pornografía infantil”, en el registro que envió la NCMEC hacen referencia a un delito aún más grave: el de “manufactura” de videos o fotos con ese contenido.
No obstante, la Justicia determinará si a la causa se le agregará esa infracción una vez se terminen de peritar los componentes incautados en el domicilio del sujeto, que quedó notificado en la Justicia. Asimismo, un pesquisa consultado por este diario indicó que el aprehendido “refirió que tenía un grupo de WhatsApp con 400 integrantes” que utilizaban “para pasarse las imágenes” que mostraban pornografía infantil. En ese sentido, señalaron que es “seguro que al menos suministraba o facilitaba” las filmaciones y fotografías.
Como se explicó, la contravención fue, en primera instancia, detectada por la NCMEC. Una vez que llega la denuncia, “se realizan tareas ordenadas por la fiscalía (en este caso particular, la UFI Nº 15 a cargo de la fiscal Cecilia Corfield) que consisten en disponer los medios para localizar alas empresas proveedoras de servicios de acceso a internet” y así determinar de qué lugares se distribuyen los archivos digitales. “Como esta labor demora”, continuó la fuente, “lo que hacen los agentes es buscar de forma integral fuentes abiertas para localizar e individualizar al usuario y determinar su ubicación geográfica”. El allanamiento fue ordenado por el juez Eduardo Silva Pelosi, del Juzgado de Garantías Nº 2 y por la UFI Nº 15.
El año pasado se registraron varios casos similares en La Plata, Berisso y Ensenada, con casos resonantes como el ocurrido en abril en Gonnet, donde un chico de 16 años fue demorado al estar sospechado de comercializar material pornográfico infantil.
La evidencia recabada determinó que las víctimas eran “chicos o pre adolescentes” y que se “usaron varios domicilios” como base.
A principios de 2019 se observó una escalada en este delito en la Región. Un especialista observó que se debe a que “hay más organización, metodología y dedicación”, tanto de los fiscales como de los encargados de llevar a cabo la investigación.
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