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Policiales |Denuncian incumplimiento de la ley de víctimas: el lado b de los fallos judiciales

“Tuve que saber por una vecina que el violador de mi hija ya no estaba preso”

Lo aseguró la ex pareja de Miguel Ángel Morosini, condenado por abusar de su pequeña hijastra y con domiciliaria por el coronavirus. La madre de otro nene atacado en La Plata pasó por algo similar: “Nadie nos escucha”, dijo

“Tuve que saber por una vecina que el violador de mi hija ya no estaba preso”

Los impulsores de la llamada ley de víctimas aseguran que “nos está costando mucho que se aplique” / web

10 de Mayo de 2020 | 03:00
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La Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada el 21 de junio de 2017 y reglamentada al mes siguiente, dice en sus artículos 496 y 505 que “la víctima, aún cuando no se hubiese constituido en querellante, deberá ser informada de la iniciación del trámite, y ser oídas sus necesidades” en referencia a los casos de libertad condicional o salidas transitorias para los acusados o sentenciados. En el artículo 5, incisos k y l, consigna que la víctima tiene derecho a “ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, y aquellas que dispongan medidas de coerción o la libertad del imputado durante el proceso, siempre que lo solicite expresamente;” y a “ser notificada de las resoluciones que puedan afectar su derecho a ser escuchada”, respectivamente.

La normativa, conocida como “Ley de Protección a las Víctimas” tenía como fin “coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, hacer respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”. Sin embargo, un número indeterminado de jueces pareciera no creer necesario ejecutar estas acciones, a juzgar por las resoluciones firmadas (en su mayoría) el 30 de marzo que otorgaron prisión domiciliaria “bajo juramento de palabra” a personas investigadas o condenadas por delitos de abuso sexual a menores.

Al suplicio que significa animarse a denunciar y luego atravesar el proceso legal, de por sí arduo y complejo, se le agrega el mutismo de quienes debieran impartir justicia hacia los damnificados. Los impulsores de la norma sostienen que “nos está costando mucho que se aplique”, y afirman que “en este marco de la pandemia, nadie la tuvo en cuenta (la Ley 27.372); hay puntos de la misma que pueden ser revisados por cada Provincia, pero se trata de una ley federal y de orden público”. Esto es, el entorno actual no tendría que ser un justificativo para quienes no aplican la Ley.

“NECESITAMOS QUE NOS ESCUCHEN”

A Federico Peñalva, acusado del abuso sexual agravado contra un menor que era ahijado de su pareja, lo beneficiaron con la prisión domiciliaria el 16 de marzo. La madre del pequeño de seis años tomó conocimiento de la resolución por sus propios medios: “La única que estuvo yendo todos los días a Tribunales y a las fiscalías fui yo. Todos los días, a las 13, me tomaba un ratito del almuerzo (trabaja en el Centro) y pasaba a ver cómo iba la causa. Me enteré del fallo de la Cámara por eso, nadie nos comunicó nada”.

El fiscal Hugo Tesón (UFI N° 8) había pedido la prisión preventiva del imputado en noviembre del año pasado, al acreditar los hechos relatados por la víctima en la pericia psicológica y en la posterior cámara Gesell. Peñalva estuvo prófugo dos semanas hasta que se entregó. “Lo más duro fue que cuando él pidió la eximición, primero se la negaron por unanimidad y después la cámara de Feria le termina otorgando la supuesta morigeración”, reclamó la mujer en conversación con EL DIA.

“Nadie se pone en el lugar de mi hijo. Tenemos que tragarnos todo para que tenga más amor que dolor”

Madre de la presunta víctima de abuso. El niño tiene 6 años

 

“Nadie hacía su trabajo como debía, yo tuve que hacer vigilancia en los domicilios donde tenía que estar para buscarlo. Te dicen que te quedes tranquila, pero uno no encuentra Justicia”, replicó. La noticia de que el presunto abusador de su hijo ya estaba en su casa la derrumbó. “El proceso -continuó- desde que comenzó esto es terrible. Siento culpa, la necesidad de buscar justicia, aunque parece que todos se lavan las manos”.

Por otro lado, remarcó con desazón que “el Fiscal Tesón, hizo lo que pudo y el castigo de este tipo (por Peñalva) fue irse a su casa, no lo puedo creer, este país da para todo”. La situación le generó varias preguntas y una clara exigencia. “¿Cómo puede ser que con tanta prueba en contra, la gente encargada de impartir justicia lo deje libre? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? Quiero que nos escuchen. Nadie te escucha esa es la sensación que me dejó”. Y, entre sollozos, pintó un cuadro de realidad que se repite en otros testimonios: “Es muy difícil esto para nosotros, nadie se pone en el lugar de mi hijo, que es un nenito de seis años. Tenemos que tragarnos todo para que mi hijo tenga más amor que dolor”.

“ME CONTÓ UNA VECINA”

“Yo me enteré hace una semana, me contó una vecina del barrio Santa Ana, donde está viviendo él ahora que está libre. Está afuera desde el 13 de abril, según pudo averiguar nuestro abogado”. El detalle fue acotado, con tono de resignación, por la mamá de una adolescente que fue abusada cuando era menor (tenía 11 años) por su padrastro en una casa de Los Hornos. Por esos hechos, Miguel Ángel Morosini, un policía retirado, fue condenado a 13 años de cárcel en 2017. Días después del fallo con fecha del 30 de marzo, el hombre salió de la cárcel sin que se notificara a las víctimas ni a los defensores.

Según le explicó mujer a este diario, a Morosini “lo pusieron en la lista por sus problemas de salud. En 2013 tuvimos un accidente en el auto, lo operaron de la columna y además padece problemas de hipertensión”. No obstante, “él estaba en un pabellón vip, no le encontramos el sentido a la liberación”, se quejó.

Para ella y su hija, el desarrollo de la investigación -desde la denuncia hasta la sentencia- fue tan difícil como doloroso. “El primer juicio lo anularon porque mi hija amplió su declaración en cámara Gesell, hasta que en el 2017 lo sentenciaron” por “abuso sexual gravemente ultrajante por su relación en el tiempo y las circunstancias de su realización, con una menor de 18 años de edad, con corrupción de menores agravada por ser persona conviviente”.

Señaló que “conmigo ejerció violencia de género, pero nunca lo denuncié por miedo. Cuando la acompañé a mi hija, le dije a la Policía que iba a declarar pero que nos dieran protección”. Ese día, recordó, “me fui a lo de mis padres”. En tanto, manifestó que “me pareció una locura darle una domiciliaria en un lugar donde él no reside” y advirtió: “ Quiero que la gente que vive en la zona de 147 y 521 sepa que convive con un violador. El de mi hija fue el caso que salió a la luz, pero seguro hubo otros”.

 

 

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