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Policiales |Mendoza
Denunció que el cura que la violó hace 20 años, ahora la acosa

Denunció que el cura que la violó hace 20 años, ahora la acosa

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29 de Mayo de 2020 | 02:00
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Una mujer de 38 años denunció que un cura que habría abusado sexualmente de ella cuando tenía 16 años, en la localidad mendocina de Palmira, volvió a acosarla recientemente en una zona del Gran Mendoza donde ambos residen, ella como docente en una escuela y él en calidad de vicario parroquial en la Capilla Nuestra Señora de Fátima y Nuestra Señora de Lourdes, ambas en El Algarrobal, departamento de Las Heras.

El sacerdote fue identificado como Alberto Daniel Sardá (57), sobre quien no pesa por ahora ninguna denuncia penal. Según explicaron allegados a la docente, cuando ella era menor no hizo la denuncia por varios motivos: por el miedo que imponía la fuerte figura del cura en el pueblo, alegaron, y también porque su familia no le creyó lo que les contó.

Según explicaron al portal Infobae, “luego de que la joven les contó que había sido violada por el religioso, le dijeron que fuera a confesarse con él porque estaba endiablada”.

Actualmente la mujer está en tratamiento psicológico desde hace varios años, lo que la ayudó a salir adelante, pero en las últimas semanas, dicen, “vivió una situación que nuevamente le hizo revivir el horror”.

En las inmediaciones del colegio donde trabaja se cruzó accidentalmente con el cura. Aseguran quienes la conocen que fueron varios encuentros, a punto tal que el vicario parroquial “comenzó a seguirla”.

“Todos los días lo veía en varios lugares. Dejó ya de ser una desagradable casualidad para convertirse en un caso sistemático de acoso”, explica la nota.

A diferencia de lo que pasó cuando era adolescente, la mujer decidió recurrir a la justicia. Con el asesoramiento de los abogados Carlos Lombardi, representante legal de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de la Argentina, y de Carolina Jacky, inició una acción civil contra el cura y el Arzobispado, aunque por el momento no radicó una denuncia penal.

“Iba a un lado y lo encontraba. Iba al otro y otra vez lo encontraba. El tema es que el cura no trabaja en la zona de la escuela. Por eso se animó a denunciarlo civilmente a él y al Arzobispado por los daños que le produjo el abuso sexual con acceso carnal y ahora el acoso. Todo en el marco de la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. Nosotros sugerimos la denuncia penal, pero ha quedado en espera, respetando la voluntad de la víctima”, dijo la abogada Jacky en diálogo con Infobae .

La jueza María Eugenia Ibaceta, del Tercer Juzgado de Gestión Asociada, ya dictó la medida de prohibición de acercamiento. “Pedimos una medida de protección, de acercamiento, pero lo más importante es que se le prohibió al Arzobispado trasladarlo al cura mientras se lleva adelante la investigación. Generalmente en estos casos, lo trasladan y se les pierde el rastro. Bueno, eso no lo van a poder hacer”, agregó la abogada.

La letrada aseguró también que su asistida reclama una indemnización integral que repare “todos los daños ocasionados durante todos estos años por el sacerdote y, también, por el Arzobispado, por ser la institución a la que pertenece el sacerdote, y que debió controlarlo”.

Desde el Arzobispado de Mendoza respondieron a las acusaciones con un comunicado, en el que expusieron que “el 26 de mayo pasado se nos ha notificado una medida judicial del Tribunal de Gestión asociado N°3, que prohíbe el eventual traslado de un sacerdote por una causa por violencia de género iniciada contra él y este Arzobispado y cuyos términos nos resultan desconocidos porque nunca fuimos notificados de demanda alguna. Sorprende la liviandad ética y jurídica con la que los abogados patrocinantes de la causa hacen apariciones mediáticas, avaladas por la notoria y desprolija actividad del tribunal en cuestión, con severas y graves fallas de constitucionalidad en su obrar, toda vez que hay una causa judicial cuyos demandados no conocen en absoluto los términos de lo reclamado”. Y remata: “En el camino de la verdad de los hechos, la autoridad judicial no puede obrar con arbitrariedad, prescindiendo de las elementales garantías constitucionales”.

Según la abogada Jacky, su asistida pertenece a una familia “muy católica” y, cuando fue violada, “su mamá la mandó a confesar con el mismo cura porque estaba endiablada”.

“Esperamos que pase algo similar a lo del Instituto Próvolo”, dijo la abogada de la denunciante

 

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