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La Suprema Corte bonaerense denegó ayer, por mayoría, el recurso extraordinario federal interpuesto por el Defensor de Casación bonaerense, Mario Coriolano, para que el máximo tribunal del país revise el fallo que dio marcha atrás a lo resuelto por juez de Víctor Violini, que habilitó la excarcelación de detenidos alojados en cárceles de la Provincia en el marco de la pandemia de coronavirus.
El defensor había pedido que la Corte de Nación revise el fallo de su par de la provincia de Buenos Aires, en el que se dio marcha atrás a la resolución del juez de Casación Víctor Violini, quien había hecho lugar a un hábeas corpus colectivo de presos que solicitaron el beneficio de la excarcelación o arresto domiciliario en virtud de la pandemia del coronavirus.
Ahora, la Corte bonaerense no hizo lugar al pedido del defensor General y por mayoría, con voto en disidencia del juez Eduardo De Lazzari, dejó sin efecto la posibilidad de una nueva revisión del fallo por parte del máximo tribunal del país.
Así, quedó firme la sentencia dictada semanas atrás, con voto unánime y criterio unificado de los jueces de la corte bonaerense Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.
En ese fallo se estableció que que son los jueces y tribunales de manera independiente quienes deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas.En ese sentido, se estableció una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el coronavirus. Esas son las condiciones del detenido si es procesado o condenado, qué tipo de delito cometido, la pena otorgada o que tiene en expectativa, la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante, entre otros.
La Suprema Corte afirmó que la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal, y que cada pedido debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes, y aclaró que cada situación es analizada por cada juez o tribunal que lo recibe y no en base a un fallo que engloba todas las situaciones como lo era el de Violini.
También recordó en el fallo la prohibición de detenciones en seccionales policiales, como las hay en el ámbito bonaerense, de presos enfermos, menores de edad, embarazadas, y con hijos menores de 5 años.
Además exhortó a los poderes legislativos y ejecutivo provincial, a este último sobre la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
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