Oposición: “Es ilegal y costará millones”

La coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) advirtió anoche que la intervención y eventual expropiación del Grupo Vicentin anunciada por el presidente Alberto Fernández es “ilegal, inconstitucional y va a terminar costando miles de millones de dólares”.

En un comunicado firmado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, JxC señaló que la medida “desautoriza al Congreso y el Poder Judicial, da un primer paso en el camino para estatizar el mercado agropecuario, repite experiencias anteriores que terminaron costando muy caras a los argentinos, como las expropiaciones de YPF y Ciccone, y confirma que las amenazas recientes al final eran compartidas por el resto del frente oficialista”.

“Es una medida innecesaria y peligrosa, de consecuencias impredecibles, que deteriora la confianza en el país y cierra la puerta a las inversiones necesarias para salir de la crisis generada por la pandemia”, añade el texto, firmado por Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich y Maximiliano Ferraro, jefes de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica.

“El Gobierno publica un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que crea la figura de intervención transitoria de empresas, inexistente hasta hoy y que viola la propiedad privada consagrada en la Constitución”, sostuvo la alianza opositora.

Añadió que, además, “pasa por encima de la autoridad del juez a cargo del concurso de acreedores del Grupo Vicentin, encargado de garantizar los derechos de los acreedores y deudores de la empresa”.

También señaló que “con la excusa de la ‘soberanía alimentaria’, un concepto rechazado por la OMC y la FAO de Naciones Unidas, la expropiación de Vicentin puede ser el primer paso del Gobierno para avanzar en una mayor regulación del mercado de granos, que funciona bien y es la principal fuente de divisas del país”.

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La uia a favor, el campo no

La Sociedad Rural Argentina (SRA) expresó que ve “con suma preocupación” la intervención al Grupo Vicentin y su eventual expropiación, mientras que el directivo de la Unión Industrial Argentina José Urtubey avaló la decisión y dijo que el Gobierno “se está haciendo cargo de un gran problema”.

“La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones”, se afirmó desde la entidad rural.