El Gobierno dio marcha atrás con la intervención y expropiación de Vicentin

El presidente, Alberto Fernández, firmó un DNU para anular la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial Vicentin. Lo anuncio en Twitter, un mes y medio después de haber anunciado el camino contrario desde la Casa Rosada

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, escribió en la red social del pajarito.

Con el DNU que será publicado en las próximas horas, dará oficialmente marcha atrás en la intervención y expropiación de Vicentin, argumentando una “obstrucción” empresarial y judicial y con fuertes críticas a los accionistas de la compañía, aseguraron Infobae altas fuentes oficiales.

“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó el Presidente a través de Twitter.

De esta manera, el Presidente volvió a cargar contra la cúpula de accionistas de la firma agroexportadora y contra “el juez interviniente en el concurso, que no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”, resaltó Fernández en las redes sociales mientras en la Secretaría Legal y Técnica terminaban de pulir el decreto que será publicado en las próximas horas.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, remarcó Fernández en las redes sociales. Y agregó: “La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

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Desde su anuncio, que sorprendió incluso a algunos sectores del Frente de Todos, en los primeros días de junio, el Gobierno se enfrascó en una batalla política y judicial que luego incluyó al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y en la que hasta ayer no le había encontrado una salida viable. Rodeada, para colmo, por fuertes críticas del empresariado y la oposición, y frente a una reacción adversa de un sector relevante de la sociedad.

“En estas condiciones no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, insistió el jefe de Estado, que aseguró además que dio instrucciones a “todos los organismos públicos involucrados” para que lleven adelante acciones civiles, comerciales y penales para “preservar los intereses del Estado”.

Rechazo

El jueves los directores de la agroexportadora rechazaron la renuncia y la cesión de sus acciones a un fideicomiso, tal como había exigido el gobierno santafesino en un plan que había intentando instrumentar Perotti, y el secretario de Justicia de esa provincia oficializó que se retiraban de las negociaciones.

Tras el traspié legal y político del jueves, el juez de la quiebra quedó a cargo de la resolución del pleito. El gobernador se había involucrado activamente en las negociaciones con los representantes de la compañía, radicada en ese distrito, después del anuncio presidencial y de que el Gobierno no lograra encausar un salvataje concreto.