En el contexto de los numerosos casos de denuncias de estafas a clientes de distintos bancos, mediante el acceso de datos personales que permita a los delincuentes llegar al homebanking de la víctima, una jueza en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata dictó una dura resolución contra esa entidad bancaria, donde no sólo ordena no cobrarle a la víctima las cuotas de un préstamo obtenido por una organización delictiva sino que le exige que medidas de seguridad ha tomado para resguardar a sus clientes de esta amenaza.

La jueza María Verónica Leglise, titular del  juzgado Nro. 18, ordenó al Banco Provincia que “en el plazo de diez días, informe cuáles fueron las medidas concretas de seguridad adoptadas en relación al servicio de Homebanking para garantizar la identidad del usuario y la fidelidad de la operación que se pretende realizar por dichos carriles, antes y después de los casos denunciados, bajo apercibimiento de valorar su incumplimiento como una presunción en su contra.”

En tanto intima a la sucursal Jose C. Paz del Bapro “a que se abstenga de efectuar los descuentos a la originados por el préstamo obtenido por la suma de $380.000 el día 09/12/2019 a través del servicio de Homebanking de dicha entidad financiera, hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva.”

La resolución se corresponde con el expediente N° LP-33347-2020. El abogado Marcelo Szelagowski, en su carácter de asesor letrado de las personas estafadas expresó que “realmente me siento gratamente sorprendido con el aggiornamiento y la celeridad que ha demostrado en su mayoría el Fuero Civil y Comercial del Departamento Judicial La Plata para enfrentar esta nueva modalidad delictiva y resolver la angustia y el desamparo que sienten las víctimas que son tratadas como por poco como victimarias por las entidades bancarias”.

Szelagowski manifiesta  que su cliente, Suarez González, “una persona jubilada, ejemplo de lucha y amor ante una enfermedad que sufrió su hijo, a quien perdió en 2018 teniendo él tan solo 21 años: el 8 de diciembre pasado recibió un llamado telefónico de un sujeto que se identificó como empleado de la empresa ‘Telefónica’ y que  la felicitó por haber sido ganadora de un premio de $ 250.000 y la engañó con mucha habilidad hasta obtener la clave token”. Y agrega que “al día siguiente advierte que le resultaba imposible ingresar al homebanking por lo que se dirige a la Sucursal José C. Paz del BAPRO en donde es informada que desde una de sus cuentas habían solicitado un crédito por $ 380.000 y que inmediatamente de ello el dinero fue transferido a otras cuentas presuntamente también del BAPRO y que habían solicitado un adelanto de haberes por $ 16.000.”

Previo a la resolución, la fiscal Maribel Furnus, Agente Fiscal Titular de la Fiscalía de Transición y Ejecución Penal Departamental, subrayó en su dictamen: “Como cuestión de orden genérico comienzo por destacar que es público y notorio el avance, crecimiento y sofisticación que viene sosteniendo la denominada “ciberdelincuencia” en los últimos años.”

Y añadió: “Ello se advierte patente dentro del fuero penal que, en lo que aquí interesa, se dan a partir de la proliferación de programas diseñados a efectos de infiltrarse dentro de los sistemas para robar datos o información (“malwares”) y la puesta en marcha de diferentes esquemas tales como el “phishing”, “vishing”, “smishing”, “pharming”, “spamming” y tantos otros creados con el objetivo de de engañar a los usuarios en, con y mientras la realización de transacciones; circunstancias que -vale adelantar- son bien conocidas por las entidades bancarias y por ello es que se torna imperioso que deban arbitrar diferentes medidas tanto de seguridad informática específica cuanto acciones y estrategias tales como factores de autenticación ‘personales’ antes de efectivizar un préstamo.”

Según Szelagowski, el cumplimiento del deber de los funcionarios judiciales, dando justicia con celeridad a las víctimas y un accionar implacable del Ministerio Público Fiscal para dar con los delincuentes y sus cómplices, obligará a las entidades bancarias a adelantarse al cibercrimen mediante las medidas que legalmente están obligadas a tomar dadas sus responsabilidades como custodios del valor confiado por sus clientes”.