La decisión del gobierno bonaerense de cambiar la forma de determinar la cantidad de muertos por COVID-19 quedó envuelta en una fuerte polémica. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, reportó 3.523 decesos adicionales, luego de implementar una nueva herramienta para el registro de información, al entrecruzar bases de datos del Sistema de Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el Sistema de Gestión de Camas (Sigec) y el Registro de las Personas que elabora los certificados de defunción en forma digital.

En ese contexto, especialistas e infectólogos cruzaron opiniones. Así, el físico e investigador del Conicet Jorge Aliaga, integrante del comité de asesores del gobernador Axel Kicillof, explicó que “la Ley 15.465 nacional obliga a cargar en bases de datos algunas enfermedades, tarea que no realiza un funcionario, sino el médico que atendió al paciente y que tiene 12 horas para reportar los decesos”.

“La Provincia hizo una cosa proactiva, ver cómo podía encontrar a los que faltaban -si es que faltaban efectivamente- y para ello ideó un sistema para detectar estos casos de subregistro que no fueron cargados en el SISA como estipula la ley”, indicó.

En cambio, el doctor en Farmacia y Bioquímica Marcelo Peretta, titular del gremio de los farmacéuticos, dijo que “el Estado provincial tiene que dejar de echarle la culpa a los privados y asumir sus propias responsabilidades”. “El ministro de Salud tiene la responsabilidad total del sector público y privado y de las obras sociales. El error fue que los protocolos que emitió el Ministerio no eran los correctos. El que decide qué comunicar es el ministro”, sostuvo al referirse a las críticas de Salud a la demora en la carga de los centros de salud privados.

En tanto, el ex ministro de Salud macrista Adolfo Rubinstein dijo que “es incomprensible e inadmisible que después de 7 meses de pandemia no se puedan cargar los datos claramente, que era lo que sospechábamos. Esto ya se venía viendo, sobre todo en la carga de muertes. Esto pone un velo de duda sobre el resto de los indicadores que se reportan diariamente, como casos, test, camas de terapia y hospitalizaciones”.

“Las cifras son brutales y las proyecciones que hay que hacer son completamente distintas para la toma de decisiones”, agregó el ex funcionario.

“Habiendo un gobierno que regula, no hay responsabilidad del sector privado”, sostuvo Mario Borini, médico sanitarista y epidemiólogo, integrante del grupo Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. “Es un error sistemático que tendría haberse corregido antes”, dijo.

Por su parte, Carlos Kambourian, ex presidente del Hospital Garrahan, se mostró crítico con la gestión bonaerense. “Lo vengo diciendo desde el 11 de agosto, que la cantidad de muertos no era la real. Acá hubo un ocultamiento de datos y todavía falta sincerar más muertos. Es imposible que se carguen 3.500 datos de un día para el otro. Esto deja en evidencia que las autoridades ya tenían estos datos y estaban buscando el momento para informarlos”.

En tanto especialistas e investigadores en análisis de datos destacaron el trabajo realizado por la Provincia para obtener cifras casi en tiempo real sobre la cantidad de fallecidos. La docente e investigadora Soledad Retamar, que integra el Grupo de Investigación en Bases de Datos (GIBD) de la Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dijo que “se sabía desde el principio que había un retraso en la carga de los datos”.

“Mas allá de esta realidad, lo importante fue que la provincia de Buenos Aires implementó una estrategia de búsqueda activa para determinar en forma fehaciente la cantidad de personas fallecidas, con el entrecruzamiento de datos. Algo que creo no se hizo en otras parte del mundo”, añadió.