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Al empresario K le concedieron el arresto domiciliario, sin embargo no pudo ingresar a un country de Pilar
El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso ayer el arresto domiciliario de Lázaro Báez, imputado por supuesto lavado de dinero, entre otros delitos, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron los indignados vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal.
Un centenar de residentes en el barrio de acceso restringido Ayres del Pilar, en ese suburbio al norte de Buenos Aires, impidieron cuatro veces el ingreso del vehículo policial que trasladaba al empresario Lázaro Báez, de 64 años, cuya empresa Austral Construcciones fue una de las grandes favorecidas con contratos de obra pública durante la gestión de Néstor Kirchner y de su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.
“¡Ladrón, volvé a la cárcel!’’, gritaban enardecidos los habitantes del lugar, algunos con banderas argentinas y carteles con consignas en oposición a la medida. También lanzaron huevos y piedras, que rompieron vidrios del vehículo del Servicio Penitenciario Federal en el cual viajaba Báez y de otro de custodia. Tras varios intentos fallidos, los agentes penitenciarios llevaron al empresario de nuevo a la prisión de Ezeiza. Se desconocía si harían un nuevo intento a la madrugada, cuando bajara un poco la presión.
El TOF 4 dispuso “hacer efectiva la morigeración de las condiciones de detención de Lázaro Báez”, tras una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal emitida horas antes.
La Justicia había autorizado el traslado a Pilar, donde el empresario es propietario de una residencia. Pero los vecinos prometieron hacerle imposible la estadía aunque logre ingresar al barrio, por lo que no estaba claro cuál será su destino final.
También se escucharon cacerolazos en barrios porteños por la medida judicial
El empresario salió al atardecer del penal de Ezeiza, donde estaba detenido desde abril de 2016, para ir a un domicilio fijado en la ciudad bonaerense de Pilar, con monitoreo del Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
“No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribunal en oportunidad de conceder su excarcelación”, sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado en el fallo.
Después de la notificación de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.
Los habitantes del country impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. Los manifestantes, anteponiendo sus cuerpos y con sentadas, lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo, que sufrió la rotura del parabrisas.
Finalmente, frustradas las intenciones de ingresar por la entrada principal y por otra de servicio, el utilitario con Báez se retiró. Presuntamente iba a ser llevado nuevamente a la cárcel de Ezeiza hasta que se decidan medidas para que se cumpla efectivamente y sin inconvenientes la resolución judicial y se preserve la integridad de Báez.
Poco antes los abogados del empresario sureño también fueron rechazados y tuvieron que irse después de las airadas protestas, que incluyeron en ambos casos el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.
Ayer por la mañana, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal había concedido el arresto domiciliario al empresario en una de las causas en las que está procesado por supuesto lavado de dinero, al revocar el fallo de un Tribunal Oral que había rechazado otorgar ese beneficio.
Con la firma de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, Casación dispuso otorgar ese beneficio a Báez en la causa conocida como “El Entrevero”, por supuesto blanqueo de activos con la compraventa de un campo, y ordenó al Tribunal que proceda de acuerdo a esa decisión, que ya había dispuesto el juez del caso, Sebastián Casanello.
También se escucharon cacerolazos en barrios porteños por la medida
la protesta en la entrada del country de Pilar / captura de tv
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